Cuentas Provinciales
¿Qué entendemos por reducir el gasto público?
“Nunca vamos a encontrar la solución porque estamos gobernados por el problema”
Las finanzas del Estado provincial están agotadas y no es de hoy. La política ha manejado las cuentas públicas con una irresponsabilidad de tal magnitud que ha comprometido y puesto en jaque el desarrollo de toda una Provincia. Bajar el Gasto Público es la consigna que se pide a gritos, pero no está claro qué significa eso.
Por Martin Oleinizak
Esta nota la escribimos en octubre de 2020 y se publicó en la edición Nº57 de esta revista. La tapa tenía una motosierra, mucho antes de que Javier Milei la usara como recurso gráfico de sus intenciones y campaña. La imagen es muy clara y contundente. Y, lamentablemente, necesaria. El Estado como lo conocimos colapsó.
Por eso optamos por volver a publicar una nota de 40 meses atrás, pero con todos los datos actualizados, junto a los números de 2020. Eso también nos permite entender qué pasó en estos años y quién se benefició más de la inflación y del desmanejo irresponsable de la Provincia.
Y también nos ayudará a entender por qué el cambio que se debe producir nos va a impactar a todos. Y es necesario, si queremos pensar en un nuevo país, donde quienes nos dirijan vuelvan a ser “servidores públicos” en vez de “servirse de lo público” para sus propios intereses.
La nota habla de esto.
40 meses atrás... y hoy
El problema comenzó cuando la “política” se convirtió en la principal forma de movilidad social.
Y cuando decimos “política” nos referimos al “empleo estatal”.
Históricamente, una de las grandes banderas del peronismo ha sido el acceso a la educación, como determinante para que la gente pudiera aprender, formarse, capacitarse, llegar a una universidad y transformar su vida y su entorno. Ese ideal parece haber quedado lejos, en el siglo anterior.
Hoy, el Estado es el gran “aspiracional” de la gran mayoría de las personas. Y el empleo público es la primera posibilidad, tanto para quienes no tienen la oportunidad de seguir estudiando, como para aquellos que se acaban de recibir y con su título universitario buscan ingresar a Tribunales, AFIP, ATER, Tribunal de Cuentas o cualquier organismo del Estado que les garantice un sueldo y un empleo de por vida
La vocación ha quedado de lado. Ni siquiera en las fuerzas de seguridad o en la docencia la vocación prima por sobre la necesidad de tener la seguridad laboral. ¿Está mal eso? Seguramente no. Todos buscamos certezas. Y si la podemos conseguir rápidamente y para toda la vida, es lógico que así pase.
Y desde ese primer lugar de ingreso laboral, para quienes tienen algún tipo de aspiración de crecimiento y ambiciones, ¿cuál es el camino? Prácticamente no existe una “carrera administrativa”. Entonces, la política partidaria o sindical se convierten en “verdaderas oportunidades”.
Así, la administración pública se ha convertido en una puerta de ingreso para las “carreras políticas” y el Estado (la sociedad en su conjunto) el gran financista.
Solo basta ver el ceremonial de cada gestión gubernamental y todos, desde el gobernador de turno hasta el último director del organismo más chico, provienen de diferentes puestos del Estado. Los “outsiders” son siempre una minoría. Lo que no significa que, una vez adentro del Estado, no quieran quedarse de por vida en algún puesto o función. Solo basta ver las listas de “asesores” de la legislatura.
Los casos de personas que llegan al Estado para alguna función en particular, la cumplen y cuando finaliza su mandato se retiran y vuelven a su actividad privada, son contados con los dedos de la mano. Lamentablemente.
“Perdón Moine”
Como a Bilardo a su vuelta del mundial de fútbol de Italia en 1990, deberíamos colgar un pasacalle frente a la Casa de Gobierno con un pedido de disculpas al ex gobernador Moine.
Mario Moine fue uno de los pocos que ingresó a la política, fue intendente y gobernador durante ocho años (1987-1995), y después se fue sin ningún cargo a retomar su actividad privada. Durante su gobernación intentó explicar que el Estado –ya en diciembre de 1992-, “no daba más” y sancionó la famosa Ley 8706 que disponía restricciones a los gastos públicos y eliminaba 2.605 cargos.
El escándalo en esos momentos fue mayúsculo y todavía hoy se lo estigmatiza por lo que hizo. En ese momento, 45.000 empleados eran muchos… y ya sobraban.
Menos de 30 años después el número casi se duplicó. Con poco menos de 90.000 personas dependientes de la administración pública provincial, representan el 58% del total del presupuesto de Entre Ríos, a lo que hay que sumarle otros 63.188, entre jubilados y pensionados.
Como el aporte que hacen los 90.000 agentes no alcanza para sostener el 82% móvil que se autoimpusieron por Constitución Provincial los empleados públicos para sus propias jubilaciones, las arcas del Gobierno de Entre Ríos deben disponer otro 12% del presupuesto de todos los entrerrianos para solventar un déficit que crece año tras año.
Así, el 70% de los Presupuestos de cada año tiene como principal destino el bolsillo del empleo público. Lo poco que resta del presupuesto debe enviarse a los municipios como coparticipación (16%), y afrontar los pagos del servicio de deuda (5%).
El resultado final es que apenas con el 9% que le queda la Provincia tiene que hacer frente a los gastos de funcionamientos, servicios de educación, salud, seguridad, obras públicas e intentar alguna política económica para el resto de la sociedad. Imposible llevar adelante nada. No hay viabilidad posible ante semejante panorama. Y esto no es algo que sucede este año. Viene aconteciendo en las últimas 3 décadas. Y parece no importarles.
Nunca vamos a encontrar la solución porque estamos gobernados por el problema.
Ingenuidades convenientes
Pandemia mediante, la administración pública ha seguido funcionando. La particularidad es que una buena parte de los empleados no han retornado a sus lugares de trabajo.
Casa de Gobierno es un claro reflejo de la situación. En estos meses, el movimiento de lo que es el emblema edilicio para el trabajo público, viene funcionando casi con la mitad del personal habitual. La percepción diaria es que la ocupación del edificio es de apenas el 50%. Y funciona.
El Gobierno anunció hace unas semanas –como un gran logro- la vuelta a las aulas de un número minúsculo de alumnos. 866 estudiantes debieron volver a las aulas de 46 escuelas. Para atenderlos, también debían volver a trabajar 438 empleados públicos, entre directivos, docentes y administrativos. Tan solo ese número sirve de ejemplo para entender lo que nos está pasando. Hay casi 2 trabajadores por cada alumno. Seguramente estamos ante uno de los mejores sistemas educativos públicos del mundo, ¿o no?
¿Y qué dijeron los gremios docentes ante semejante afrenta de volver a las aulas?: “No están dadas las condiciones para hacerlo”.
Llevamos más de 200 días de cuarentena. Un período completo lectivo sin clases presenciales. Y en ningún momento estos gremios reclamaron o propusieron una sola idea para volver lo antes posible a las aulas. Nunca les interesó. Eso sí, los docentes siguieron cobrando religiosamente la totalidad de sus salarios cada uno de los meses, al igual que los gremios percibieron los aportes correspondientes.
La contracara son jardines de infantes, transportes escolares, artistas, espectáculos, salones de eventos y una larga lista de sectores y trabajadores privados que todavía no han podido retomar sus tareas o han perdido sus trabajos. Monotributistas o cuentapropistas totalmente desamparados e invisibilizados por un Estado que solo mira lo que le conviene. Y que toma decisiones a partir de una balanza que solo sopesa “costo y futuro político”.
Descaro moral y ético de la justicia
Con una postura similar está la Justicia. Pero con el agravante que los sueldos del Poder Judicial representan el mayor nivel de obscenidad del Estado entrerriano.
No conformes con ellos, y con una actitud que raya la corrupción moral, el Superior Tribunal de Justicia junto a la Procuración, la Defensoría, la Asociación de Magistrados y la Asociación Judicial de ER (AJER) elevaron un comunicado al Poder Ejecutivo el 23 de octubre pasado (2022), reclamando un incremento salarial porcentual para todos los empleados del Poder Judicial, reconociendo “la atípica situación sanitaria”, y “conscientes de las dificultades económicas y sociales” de la Provincia, pero con la convicción de ya haber hecho una enorme cantidad de sacrificios para acompañar el momento.
¿Es lo mismo un 10% de incremento para un Juez del STJ que percibió en julio de 2020, entre sueldo y aguinaldo, $ 1.100.000 (en diciembre de 2023 ese monto se estima superior a los $6 millones), que el de los cargos menores en el poder judicial que rondan los $ 70.000 (2020)? Incrementar porcentajes en esos valores es estirar la brecha entre los salarios más altos y los más bajos. Ni hablar si los comparamos con el resto de la sociedad.
En el comunicado aducen haber aportado en el mes de abril de 2020 un porcentaje de sus ingresos (en promedio fue del 11% del salario de bolsillo, por única vez y fue voluntario) para la lucha contra el COVID. Con los casi 20 millones de pesos recaudados se compraron 2 ambulancias y equipamiento sanitario. Para facilitar un cálculo rápido, con ese monto se podrían comprar 5 ambulancias. En 12 meses del año serían 60 ambulancias que se comprarían con tan solo el 11% de los salarios de los funcionarios judiciales (no de todos los empleados).
Entonces, nos damos cuenta que el problema no es que “no hay recursos”, sino que están pésimamente distribuidos.
Nunca vamos a encontrar la solución porque estamos gobernados por el problema.
Jubilaciones públicas pagadas por privados
El gasto en personal representa el 58% del presupuesto provincial. A lo que hay que agregar otro 12% que es necesario retirar de las cuentas públicas para compensar el déficit que insumen las jubilaciones de los empleados estatales.
Las “conquistas” de los empleados públicos establecieron “derechos adquiridos”.
Entre esos “derechos fundamentales adquiridos” está un régimen laboral propio, diferente a la Ley de Contrato de Trabajo que regula al empleo privado.
El Marco Regulatorio del Empleo Público para Entre Ríos, entre muchas cosas, establece la casi imposibilidad real de despedir a un agente, la jubilación a edad temprana y el derecho al 82% móvil para ese momento.
El promedio de la jubilación que pagó en el mes de (julio de 2020) diciembre de 2023 la Caja de Jubilaciones fue de ($54.895,78) $522.174. En ese mes, el total de beneficiarios entre jubilados y pensionados fue de (57.179) 63.188 personas. El escalafón que cobra los haberes más alto es el EPRE (era el Poder Judicial), con un promedio de ($221.772) $1.813.648 (la Justicia quedó en segundo lugar con un haber de $ 1.755.421), mientras que el escalafón más bajo es el de los (municipales) Autónomos, que tienen una jubilación promedio de $281.392 ($32.921 para el mes de julio de 2020). Muy cerca, y después del escalafón de autónomos y Leyes Especiales, entre las más bajas, se encuentra el escalafón de Enfermeras, con una jubilación promedio de $436.594 ($ 41.723). Los docentes, que se retiran a los 52 años y representan el 37% de los beneficiarios de la Caja, tienen una jubilación promedio de $510.911 ($56.264).
No debemos olvidar, y para contrastar los números del párrafo anterior, que la mayoría de los autónomos en Argentina nos jubilamos con la mínima, que en la actualidad es de apenas $105.712 ($17.584), muy lejos de los números antes mencionados.
Volviendo a la Caja de Jubilaciones, como los aportes que hacen los casi 90.000 agentes activos no alcanza para pagar a los 63.188 (57.179) jubilados y pensionados, la Provincia debe disponer un 12% más de su presupuesto para cubrir el déficit, que asciende a unos ($ 1.200 millones por mes en 2020) $11.280 millones por mes a diciembre de 2023.
Dicho de otra manera, todos los meses, cada uno de los entrerrianos debe aportar de su propio bolsillo (o de lo que ha pagado de impuestos, mejor dicho) $ 10.000 para sostener las jubilaciones de los empleados públicos.
Sí, leyó bien. Usted, que cobra o cobra una jubilación mínima de $105.712 ($ 17.584,98), debe aportar $ 10.000 por mes para que un empleado estatal promedio pueda cobrar 5 (3) veces más; o un jubilado promedio de la Justicia 17 (13) veces más; o un Juez que haya pasado por el STJ, unas 47 (40) veces más.
Es hora de poner sobre la mesa la enorme cantidad de privilegios que existen en el Estado. No son más sostenibles. Y ni siquiera hemos mencionado el tema de la EFICIENCIA en lo que deberían hacer.
Nunca vamos a encontrar la solución porque estamos gobernados por el problema.
¿Qué significa reducir el gasto público?
Acaso sea la gran pregunta y la que más incomodidades genera. En una sociedad que se ha acostumbrado a vivir de privilegios, es prácticamente una utopía pensar que se puede lograr algo a través del consenso y los renunciamientos sectoriales.
Para el ministro de Economía de Entre Ríos (en 2020), el contador Hugo Ballay, la provincia está haciendo enormes esfuerzos en reducir el gasto público. “Desde que asumió su gestión, el gobernador Gustavo Bordet tomó la decisión de no incorporar más agentes a la administración y se han ido reduciendo paulatinamente. La proyección para 2021 es reducir otro 2% pero sin despedir a nadie”. El problema es que esa reducción en la planta activa significa trasladar el problema a la Caja de Jubilaciones e incrementar el déficit. “De todos los estamentos que componen el presupuesto, hoy solamente podemos actuar con el 9% que nos queda después de sueldos (58%), déficit de la Caja (12%), Coparticipaciones municipales (16%) y servicios de la deuda (5%). Para el presupuesto del 2021 estamos previendo una disminución del 16% en los gastos de funcionamiento (sobre ese 9% que queda para el funcionamiento del Estado). “¿Hemos logrado una disminución en estos años? Sí. ¿Es suficiente? Se puede decir que no. Si se continúa con una política similar durante algunos años y se logra revertir el déficit de la Caja, tal vez podamos recuperar presupuesto y poder incidir más positivamente en la economía de Entre Ríos con políticas activas”.
El Gobernador Gustavo Bordet anunció una mesa de diálogo amplia en el mes de febrero de 2020 para discutir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Llegó la pandemia y quedó en la nada, porque ni oficialistas ni oposición se han dignado en avanzar con una propuesta o proyecto para saldar el problema.
Terminó la gestión y nunca hizo nada al respecto. Quedó totalmente demostrado en los hechos.
Germán Jorge, vicepresidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (en 2020), compara el funcionamiento del Estado con el de una familia. “Los recursos siempre son limitados y si uno no se organiza, se puede desequilibrar económicamente. Es necesaria una buena planificación. Y los ingresos son los que marcan los gastos, no al revés. Entonces, si tenemos una situación extraordinaria, como esta pandemia, son necesarias medidas de recortes en los gastos superfluos o innecesarios. En el caso del Estado habría que mirar cantidad y montos de los asesores, jubilaciones de privilegios, cargos innecesarios, niveles de sueldos de funcionarios y todo aquello que una emergencia demanda. Es lo mismo que en una familia: si alguien se enferma y hay que encarar un tratamiento, se cancelan las vacaciones”.
El CEER, como varias instituciones intermedias, está aportando constantemente informes y estudios para ayudar a los funcionarios en la toma de decisiones. “Hay una planta de personal sobredimensionada y se está comprobando en la pandemia; el déficit de la Caja es insostenible, se anuncia una mesa de discusión y hasta ahí se llega; se desengancharon de Nación los sueldos exorbitantes de la Justicia, al menos por ahora (al año se eliminó esta medida y hoy volvieron a estar “enganchados” ajustando sus haberes al ritmo nacional. Una nueva Ley provincial puede volver esta medida injusta atrás); los funcionarios siguen cobrando sueldos muy altos para el contexto de crisis y pandemia, y hay muchas otras cosas que ya no son lógicas. Cosas para mejorar existen y muchas, pero les estamos pidiendo a quienes disfrutan de un sistema de privilegios que lo cambien. Es muy difícil lograrlo”.
Desde la Unión Industrial de Entre Ríos, Leandro Garciandía (presidente en 2020 de la entidad), también pone el ojo en sueldos y jubilaciones. “son el mayor problema para las cuentas públicas y hay demasiados privilegios metidos en esos rubros, por lo que es muy difícil lograr cambios. Desde la edad hasta los montos de las jubilaciones, son generadoras de grandes desigualdades con el resto de la sociedad. El déficit de $1.200 millones por mes es gigante”.
El (ex)presidente de la UIER avanza sobre otro de los aspectos que necesita urgente atención. “Además, debemos eficientizar el gasto público: Por un lado, tenemos que ser mucho mejores recaudando y ampliando la base impositiva. No podemos continuar con un 50% de la economía en negro y cobrándoles más a los mismos de siempre. Y por el otro lado, mejorar en cómo se gasta en los diferentes sectores como salud, educación y justicia hasta la obra de infraestructura indispensable para crecer. Y, por último, no podemos olvidar que estamos en un mundo en cambio constante: ¿cómo preparamos a las personas para transformarse y adaptarse a los nuevos trabajos que vienen? Se necesitan miradas de mediano y largo plazo que nos incluyan a todos y se terminen las diferencias entre ciudadanos de primera (estatales), y de segunda (el resto de la sociedad)”.
Por su parte, Elbio Guía, de la Federación Agraria Argentina, dice que “primero es necesario saber en qué se va a gastar, cuánto y de dónde saldrán los recursos. El gasto público se puede bajar tranquilamente y sin resentir lo social. En la década pasada, cuando los precios de los commodities estuvieron por las nubes se incrementaron gastos que después se tuvieron que sostener, pero ya sin los altos niveles de ingresos que hubo. Después, el tema de los subsidios en servicios públicos o combustibles, sin lograr ningún resultado positivo. El tema es siempre el mismo: en qué queremos gastar, cuánto podemos gastar y cómo lo financiamos”. El ruralismo entiende que no se puede sostener más el sistema en estas condiciones y Elbio Guía lo resume muy claramente: “No se puede seguir siempre sacando lonjas del mismo cuero, porque el cuero se acaba. La capacidad contributiva de la producción llegó a un límite”.
“Nunca vamos a encontrar la solución porque estamos gobernados por el problema”. Esta frase resume y explica la situación de la Argentina y la Entre Ríos de hoy.
El optimismo nos llevaría a decir que la frase se equivoca. Pero la realidad nos choca de frente.
Cuatro años después
Hasta el párrafo anterior fue la nota del año 2020.
En noviembre pasado la elección llevó a la presidencia a quien tuvo la motosierra y la promesa de recortes absolutos a los privilegios de la política (la casta) como emblema.
“Nunca vamos a encontrar la solución porque estamos gobernados por el problema”.
En la revista anterior hicimos tres preguntas: “¿Entiende la sociedad lo que significa el cambio del modelo económico y cultural que votó? ¿Serán capaces las empresas de competir en este nuevo nivel? Y, tal vez la más importante y la que generará más reticencias: La política, ¿cuánto hará para no perder sus grandes privilegios?”
Es lo que veremos y dilucidaremos en estos próximos meses. Y también, cuántos de estos privilegios se cambiarán en la Nación y cuántos en la Provincia.
Lo que no quedan dudas es que como estábamos, no había futuro posible.
