Cuentas Municipales
En crisis: retraer o expandir
Por Marcelo Hadad
Contador y director de Yujnovsky y Asociados
Parece que la crisis se ha vuelto “el estado natural de las cosas”. En conversaciones familiares, reuniones de amigos o equipos de trabajo, nunca se escucha un “estamos bien”, “vamos mejorando” o “me fue bárbaro”.
La narrativa dominante es siempre la misma: reducir gastos, achicarse, vivir peor. Pero, ¿acaso esta es la única forma de salir de una crisis? La respuesta es clara: NO.
Enfrentar la adversidad puede implicar recortar gastos, pero también existe otra opción y es generar más ingresos. Este enfoque, sin embargo, ha sido casi completamente ignorado en el discurso público y político, o se lo ha escuchado en el sentido de crear o aumentar tributos que, con la excusa de transitorios, se convierten en permanentes.
Aunque evidentemente hay sectores en los que se necesita un ajuste producto de enormes ineficiencias o escandalosos casos de corrupción (como los contratos fraudulentos en la provincia de Entre Ríos, vividos en gestiones pasadas); lo que realmente nos mantiene atrapados es una mentalidad que se ha arraigado profundamente: la creencia de que lo único que podemos hacer es achicar, vivir peor o esperar a que las cosas mejoren por sí solas.
“Enfrentar la adversidad puede implicar recortar gastos, pero también existe otra opción y es generar más ingresos. Este enfoque, sin embargo, ha sido casi completamente ignorado en el discurso público y político”
Sin embargo, el verdadero desafío es encontrar maneras creativas de expandir los recursos productivos y recaudatorios. La solución más efectiva y sostenible sería aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia del Estado.
Hoy, Argentina tiene una economía donde más del 50% de las actividades ocurren en la informalidad, una situación que no beneficia a nadie. Formalizar la economía no solo ayudaría a recaudar más, sino que también permitiría a todos vivir en una sociedad más justa y transparente.
La falta de transparencia es un problema muy grave desde donde se la mire, pero en el aspecto recaudatorio es demoledor. La ciudadanía enfrenta enormes dificultades para acceder a información básica, como los presupuestos provinciales o municipales. Esta falta de acceso alimenta la desconfianza y obstaculiza el desarrollo de políticas efectivas.
El ejemplo de Paraná, una ciudad con un presupuesto relativamente sano, la recaudación interna cubre solo el 45% de los gastos, lo que deja al municipio dependiente de fondos externos en un 55%. Sin embargo, las oportunidades para mejorar los ingresos locales están ahí, a la vista de todos, pero no se aprovechan.
El presupuesto para 2024 ronda los 100.000 millones de pesos. De ese total, solo 38.000 millones son recursos propios (o sea recaudados por el municipio); de esos 38.000 millones 22.000 millones corresponden a la tasa de higiene, seguridad y profilaxis (lo que se llama tasa comercial). Sin embargo, cuando analizamos las tasas que podrían considerarse más legítimas, como la tasa general inmobiliaria y la tasa por servicios sanitarios, vemos que estas representan apenas el 7% del total recaudado.
Es aquí donde surge un interrogante fundamental: ¿por qué no se está aprovechando la tecnología disponible para controlar y formalizar lo que aún permanece fuera del radar estatal? Hoy en día, tecnologías como la medición satelital y los sistemas de información al instante permiten conocer con exactitud el crecimiento de una ciudad y sus propiedades. Aun así, se estima que más del 100% y hasta un 200% de los metros cuadrados construidos en la provincia de Entre Ríos no están declarados. Si estas propiedades se incorporarán correctamente al sistema, no solo se duplicarían las tasas legítimas, sino que se contribuiría a un sistema tributario más justo y equitativo.
Desde hace años, varios estados municipales y regionales han empezado a “regular” el incremento del valor del suelo urbano a partir de las intervenciones del estado o de los desarrolladores.
Desde un punto de vista sólo económico, se podría decir que el precio incrementado del suelo urbano y de las propiedades por acciones exclusivas del estado, no relacionadas con las decisiones de sus propietarios, deberían ser “repartidas con la comunidad”.
Por ejemplo, una propiedad en una zona sin infraestructura tiene un valor menor. Sin embargo, si se construye una plaza, se pavimentan las calles, se instalan luminarias y se crea una escuela cercana, el valor de esa propiedad aumenta. Estas mejoras generan beneficios a los propietarios sin que ellos hayan invertido directamente en ellas. Para capturar parte de esta plusvalía, el Estado utiliza diversas herramientas.
Existen muchas cuestiones que podrían resolverse con un poco de voluntad política y gestión eficiente, pero parece haber una desidia evidente en la administración pública. Implementar cambios estructurales y tecnológicos en la gestión de recursos no solo requiere de esfuerzo por parte de los funcionarios, sino también de planificación, estudio y colaboración con empresas o expertos que puedan hacer realidad estos avances.
Todo indica que cualquier esfuerzo en esta dirección “se paga solo”. Cada medida orientada a optimizar la gestión de los recursos municipales tiende a generar un retorno que cubre su costo inicial.
Por ejemplo, la instalación de medidores de agua en cada propiedad de Paraná no solo permitiría medir con precisión la distribución y el consumo de agua potable, sino que además esta inversión se amortizaría rápidamente gracias a la facturación adecuada mediante la tasa por servicios sanitarios.
“Existen muchas cuestiones que podrían resolverse con un poco de voluntad política y gestión eficiente, pero parece haber una desidia evidente en la administración pública”
Lo mismo ocurre con la implementación de estudios catastrales que cuantifiquen los metros cuadrados construidos: con una inversión inicial, el municipio podría capturar correctamente las contribuciones correspondientes y asegurar ingresos casi a perpetuidad mediante la tasa general inmobiliaria.
Si hoy en día se está cobrando a un ciudadano por el consumo de 10 metros cúbicos de agua, cuando en realidad consume 20, corregir estas diferencias permitiría que el municipio percibiera ingresos adicionales de manera sostenida, lo que contribuiría a mejorar las infraestructuras públicas, desde la captura del agua cruda del río Paraná, la potabilización y la distribución domiciliaria, el recambio de las redes dañadas o llegar a zonas de la ciudad donde aún no hay agua corriente de red.
Hoy, con la tecnología disponible, no es necesario recurrir a procesos largos y costosos como inspecciones casa por casa o proyecciones estadísticas imprecisas. Los medidores de agua y la tecnología satelital permiten obtener datos exactos sobre el consumo y los metros cubiertos de las propiedades, lo que permitiría -al menos- duplicar los ingresos provenientes de las dos tasas legítimas: la tasa general inmobiliaria y la tasa por servicios sanitarios. Esto no solo mejoraría la recaudación, sino que permitiría una distribución más justa de las contribuciones.
La pregunta que surge es por qué no se ha avanzado en este camino obvio de optimización. La respuesta, probablemente, está en la falta de voluntad para abandonar la comodidad e inercia, y enfrentar los desafíos que implica un cambio estructural. Pero si algo está claro es que la tecnología ofrece una solución rápida y eficaz a muchos de los problemas de gestión tributaria que hoy enfrenta el municipio. Todo lo que se necesita es la decisión de actuar.
El estado tiene un rol fundamental en esta transformación. Con la tecnología disponible hoy, es completamente factible controlar y formalizar sectores que han quedado fuera del sistema. Hay múltiples maneras en las que se podría ampliar la base tributaria sin recurrir a aumentos de impuestos sobre los mismos contribuyentes de siempre. De hecho, si más personas pagaran lo que deben, la carga fiscal sería menor para todos.
Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, tanto en los ciudadanos como en los gobernantes. Es hora de dejar de “cazar en el zoológico” —es decir, de cargar la presión fiscal siempre sobre los mismos sectores formales— y empezar a buscar soluciones más inclusivas y equitativas. Enfrentar una crisis no debe significar vivir peor. Al contrario, debe ser una oportunidad para ser más creativos, más eficientes y, sobre todo, más justos en la manera en que distribuimos las cargas y los beneficios de nuestra sociedad.
