La dirigencia política no está dispuesta a dar un paso atrás. Cuando los controles sociales no funcionan ni exigen, se abren los caminos para que quienes estén al frente de la administración se confundan y crean que los fondos públicos son personales. Desde ahí comienza el nepotismo, el favoritismo y la apropiación de cargos y privilegios. En los tres poderes pasa lo mismo, con familias que crecen y se desarrollan a costa de una Provincia empobrecida.
Por Martin Oleinizak
Periodista, Licenciado en periodismo y Comunicación
Cada vez menos, los medios de comunicación regionales se toman el tiempo (y el atrevimiento) de sacar a la luz temas que no son bien vistos por la clase política.
Los medios de comunicación, como empresas periodísticas, casi han desaparecido de Entre Ríos. Sobran los dedos de las manos para contar cuántos quedan. La dependencia absoluta de la pauta estatal es el mejor indicador para diferenciar quién es quién en este mundo. Y ni hablar del contenido.
Lo mismo ha sucedido con periodistas. En los últimos veinte años el poder político entendió que, dándoles trabajo en la administración pública a comunicadores y fotógrafos, se ganaba su silencio y dependencia absoluta. No necesitó más. Hoy, cualquier funcionario se mueve con un séquito de personas que se ocupan de “su” propia prensa, para beneficio personal.
Ocuparse de lo que nadie mira solía ser una tarea estrictamente periodística. El objetivo era (es) llamar la atención sobre cuestiones que suelen pasar desapercibidas. Y, principalmente, todo lo que conlleva al uso de los dineros públicos, que nunca deberían estar en un cono de sombras.
Sueldos públicos
En la penúltima edición, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2022, conseguimos el Anexo del presupuesto que declaraba los ingresos de todos los estamentos de la administración pública. Era un documento oficial. Y lo publicamos.
Despertó un gran interés y una tremenda indignación en varios sectores, principalmente aquellos ajenos a los beneficios que allí se mostraron. Pero no pasó más de eso. Ni siquiera las instituciones intermedias que se rasgan las vestiduras hablando del gasto y las cuentas públicas ni tomaron el tema ni se pronunciaron al respecto. “Siga… siga…, dijo Lamolina”, la famosa frase que referencia al ex árbitro del fútbol argentino.
El problema no es que molestan los sueldos públicos, sino que no lo podamos disfrutar nosotros. Tal vez, más adelante, me toca y podemos gozar de ese privilegio. “El problema de la corrupción no es que roben, sino que no convidan…
Tal vez es muy incómodo tomar postura al respecto porque todos tenemos amigos cercanos ocupando estos puestos. O tal vez, el problema no es que molestan los sueldos públicos, sino que no lo podamos disfrutar nosotros. Tal vez, más adelante, me toca y podemos gozar de ese privilegio. “El problema de la corrupción no es que roben, sino que no convidan…”, dicen por ahí. ¿Hemos llegado tan hondo que será así?
Cualquiera de las variables arriba mencionadas son deleznables.
Un Gobierno y las cuentas públicas que se manejan son de todos. Son nuestras. Y se conforman a partir del pago de los impuestos. Su uso no es de libre albedrío. Su manejo requiere responsabilidad y rendimiento de cuentas.
No vamos a entrar a analizar el estado de las finanzas públicas en Entre Ríos, lo explicará Julio Panceri más adelante, pero no nos sobra nada y nos falta bastante. Hace décadas que la obra pública para infraestructura e inversiones desapareció en manos del cumplimiento para el pago de los sueldos públicos.
El ex gobernador Mario Moine, cuando en diciembre de 1992 sancionó la recordada Ley 8706 que dispuso una serie de restricciones en los gastos de la Administración Pública, puso en el epicentro la planta de personal que ya contaba con 45.000 agentes en toda la Provincia y representaba una exageración y un problema a futuro si no se controlaba… Hoy son casi 90.000 y con un déficit en la Caja de Jubilaciones del cual nadie se quiere hacer cargo, pero siguen jubilando personas muy por debajo de la edad jubilatoria del régimen nacional. Solo como dato: hay 60.345 beneficiarios del sistema jubilatorio provincial con haberes promedio de casi $200.000. Pero lo más preocupante es que el 58,9% es menor a 60 años, y un 25% es menor de 50 años (o sea, 1 de cada 4).
Hasta aquí más o menos lo que ya publicamos y siempre decimos. Esto indigna, pero evidentemente no lo suficiente para que la sociedad reclame por cambios. La clase política no producirá reformas si nadie se las exige… no les conviene. Así están muy bien y mucho mejor que el resto de la sociedad.
El Estado por asalto
Igual que un niño de poca edad: cuando no se les pone límites se vuelven incontrolables.
La clase política tomó el Estado por asalto y convirtió a la administración pública en una fuente de empleo para familiares directos, indirectos, amigues, novies y amantes.
La clase política tomó el Estado por asalto y convirtió a la administración pública en una fuente de empleo para familiares directos, indirectos, amigues, novies y amantes. Incluso son conocidos varios casos de jueces que han negociado sus divorcios con puestos importantes para sus “ex” en vez de atender sus propias responsabilidades (y después también emplearon a la nueva pareja). El nombramiento o contratación de variadas maneras es una moneda de cambio en cualquier negociación, incluso en las sindicales. Solo basta ver dónde están hoy algunos ex dirigentes de los sindicatos estatales y sus familiares para confirmar la afirmación.
De hecho, hoy (y desde hace más de 30 años) quien dirige al gremio de UPCN es un jubilado y no un activo. José Allende, quien fuera el diputado provincial con más años en la legislatura, además de estar jubilado, está procesado por robo de fondos públicos (además de amenazas) y confesó su culpabilidad en un juicio abreviado que quedó trunco y todavía duerme en la siesta eterna del Poder Judicial entrerriano.
La clase política en general (y de todos los colores políticos), se auto benefició con los mejores sueldos que paga el Estado. Ellos mismos crean las leyes, las protecciones y se asignan los montos que les “parecen justos”. No importa si las arcas no alcanzan para otra cosa. Mientras se paguen en tiempo y forma, el Estado cumple con su función primordial.
Nepotismo, el mal que no queremos curar
El nepotismo en la administración pública es un problema constante, y no solo en nuestra sociedad. Se produce cuando un familiar de un funcionario electo o designado ocupa un puesto de influencia en el gobierno, ya sea a través de un nombramiento directo para un cargo público o mediante la adjudicación de contratos y/o subvenciones.
El nepotismo se considera poco ético si se tiene en cuenta que los cargos públicos deben otorgarse con concursos públicos, centrados en los méritos y capacidades, y no por vínculos familiares. Los empleados públicos nombrados y contratados a través de esta lógica generalmente carecen de las cualificaciones o aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones oficiales, lo que puede dar lugar a una mala asignación de recursos, una menor eficiencia en las operaciones gubernamentales y un entorno potencialmente corrupto.
Dentro de esta categoría también se encuentra el favoritismo, el amiguismo y el clientelismo. Estas actividades pueden favorecer a ciertos individuos o grupos en detrimento de otros, creando una atmósfera de desconfianza y fragmentación en la comunidad.
Para evitar esta situación se debe impulsar la creación de órganos de supervisión independientes y la aplicación de normas y mecanismos anticorrupción sólidos para garantizar la transparencia en el proceso de contratación en todos los puestos de influencia en el gobierno. En última instancia, es importante que los gobiernos defiendan los principios de equidad e igualdad para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la administración pública.
En Entre Ríos, la Carta Magna Provincial lo exige y otro ex gobernador, Jorge Busti, un año antes de finalizar su tercer mandato el 6 de diciembre de 2006, sancionó la Ley 9755 que Regula el empleo público en Entre Ríos.
La Ley, en su artículo 4, establece quiénes pueden ingresar a la administración pública: “a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado; b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública; c) Tener 18 años de edad, no pudiendo exceder la edad máxima que establezca el Decreto Reglamentario; d) Aptitud psicofísica para la función o cargo; debiendo someterse a los exámenes previos que determine la reglamentación. En caso de aspirantes con capacidades diferentes o diversas, deberá reunir las condiciones de idoneidad de acuerdo a las funciones a desempeñar; e) Resultar seleccionado según el mecanismo de selección que establezca la reglamentación; y f) Buena conducta”.
En 2006 se sancionó la Ley que regula el empleo público. En un año que le quedaba a Busti no pudo o no quiso reglamentarla. En 8 años de Sergio Urribarri, no pudo o no quiso reglamentarla; en 7 años que lleva Gustavo Bordet, no pudo o no quiso reglamentarla...
Como se habrá notado, el texto hace siempre referencia a “como se determine en la reglamentación”. En un año que le quedaba a Busti no pudo o no quiso reglamentarla. En 8 años que estuvo Sergio Urribarri, no pudo o no quiso reglamentarla; en 7 años que lleva Gustavo Bordet, no pudo o no quiso reglamentarla.
Recordemos que en 1992 había 45.000 empleados públicos y ya eran un problema para el erario público. Cuando se sancionó la Ley 9755 en 2006 ya eran 70.000; y hoy, en 2023 son casi 90.000. Es evidente que a nadie (comprendido dentro de la clase política y sindical), le conviene que esa Ley se reglamente.
El resultado: familiares, amigues, novies y amantes circunstanciales tienen las puertas abiertas para ocupar cargos de todos los órdenes.
Además, la Ley 9755 no solo habla de quiénes pueden ingresar a la Administración Pública, sino que también establece quiénes NO, en su Artículo 5: a) El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el efectivo cumplimiento o el término previsto para la prescripción de la acción, según corresponda; b) El condenado por delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal; c) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos; d) El sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, mientras no sea rehabilitado, no pudiendo otorgarse la rehabilitación hasta tanto hayan transcurrido diez años desde la exoneración y hasta cinco años desde la cesantía; e) El comprendido en situaciones de incompatibilidad y/o inhabilidad; f) El que haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático (…); g) El que tenga la edad prevista en el régimen provisional para acceder al beneficio de la jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquella persona de reconocida aptitud, la que no quedará comprendida en el régimen de estabilidad; h) El que se hubiere acogido a regímenes de retiro voluntario, sean de orden nacional, provincial o municipal, hasta el transcurso del plazo de diez años desde el retiro; i) El infractor a leyes electorales; j) El contratista o proveedor del Estado Provincial. El ingreso a la Administración Pública y el ascenso en la carrera, se hará mediante acto administrativo expreso emanado de autoridad competente”.
Varios no habrían podido ingresar. Incluso tampoco podrían haber sido electos.
Conos de sombra para el dinero público
Tomar este tema no es un capricho. Tengamos en cuenta que “el equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos”, de acuerdo a lo que sostiene el artículo 35 de la Constitución Provincial. Interesante, ¿no?
Además, no debemos perder de vista lo que se hace con el dinero de particulares que pagamos los impuestos (no con poco sacrificio). O lo que se deja de hacer. Mucho más en tiempos de escasez y de inflación descontrolada. Es casi una obligación observar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos.
Reiteramos: si no miramos de cerca lo que se hace con los dineros que le ingresan al Estado, lo ponemos en un cono de sombra que favorece manejos arbitrarios y discrecionales.
La situación del empleo público se ha naturalizado, pero no significa que de la manera en la que se maneja, no sea repudiable. Si seguimos sin hacer nada solo lograremos profundizar más aún el problema. Reiteramos: si no miramos de cerca lo que se hace con los dineros que le ingresan al Estado, lo ponemos en un cono de sombra que favorece manejos arbitrarios y discrecionales.
El manejo sin control de los fondos oficiales lleva a confundir a los servidores públicos, que terminan creyendo que esos recursos son “personales” y no estatales. Es triste ver ex legisladores y ex gobernadores que tienen condenas judiciales por el uso indebido (y apropiamiento) de dinero del Estado.
En los últimos años el Gobierno entrerriano viene hablando de “calidad institucional”. Eso es lo que se denomina “relato”. Lejos están los conos de sombra existentes de avalarla.
En los últimos años el Gobierno entrerriano viene hablando de “calidad institucional”. Eso es lo que se denomina “relato”. Lejos están los conos de sombra existentes de avalarla.
El Poder Legislativo es uno de los tres poderes del Estado y está incluido dentro de “el Gobierno de Entre Ríos”. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con el Congreso Nacional donde se puede acceder a la lista de personas empleadas, nada se puede saber de quiénes lo integran, quiénes son los contratados y de cómo y por qué se sigue incrementando su plantel y presupuesto.
La partida para el año 2023 se incrementó en un 120% para la Legislatura entrerriana, ganándole ampliamente a la inflación. La migración de la administración pública general a la legislatura es parte de los privilegios y es constante…
La partida para el año 2023 se incrementó en un 120% para la Legislatura entrerriana, ganándole ampliamente a la inflación. La migración de la administración pública general a la legislatura es parte de los privilegios y es constante, con apellidos muy conocidos. Desde el cuñado del ex gobernador Urribarri, Juan Pablo Aguilera hasta su ex secretario Sergio Cornejo y algunos familiares también.
Una ex diputada provincial como Miriam Lambert (pareja del actual diputado provincial, Mariano Rebord), es parte de la planta permanente. Y apellidos como Allende, Darrichón, Sosa, Schiavoni o Demichelis son comunes en la planta permanente del Poder Legislativo.
Y ante un posible cambio de color político o de actores en la próxima gestión, ya hay rumores sobre varios funcionarios del Poder Ejecutivo que quieren pasar a revestir en planta permanente del Poder Legislativo. ¿Estaremos a tiempo de que no suceda?
Nepotismo más poder
Pero en ese marco en el que se hacen dueños de todo, comienzan a aparecer (y comprobarse) cercanías peligrosas. Ha quedado demostrado por la justicia cómo desde un organismo del Estado se contrataba a empresas de familiar cercano (Caso Canosa).
Además, hay que mirar cómo familias completas ocupan sectores estratégicos, lugares de decisión y deben administrar presupuestos millonarios. La ministra de Gobierno, Rosario Romero, tiene a su esposo, José Carlos Halle, al frente del Ente Regulador de la Energía (EPRE) y a su hijo en la municipalidad de Paraná como secretario de Gobierno (Santiago Halle), entre otros familiares que cumplen roles secundarios en el gobierno. La primera pregunta, ¿Cuánto dinero ingresa por mes a ese hogar sumando cuatro sueldos? Es dinero de nuestros impuestos, no lo olvidemos.
La Vocal del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, tenía a su esposo Raúl Arroyo como titular de la Secretaría de Energía y como presidente de ENERSA al mismo tiempo, y debía llevar adelante importantes contrataciones. A la vez, familiares de la vocal se desenvuelven en el negocio de la construcción y otros han sido nombrados en empresas estatales.
La actual Diputada Nacional, Blanca Osuna, ha tenido a su esposo Carlos Molina al frente de diversos organismos como la Secretaría Legal y Técnica hasta la Secretaría de Energía y también la presidencia de ENERSA. Además, la lista de la familia Molina continúa con el ex presidente del Tribunal de Cuentas, Hugo Molina, hasta varios familiares más, como su hermano Gabriel Molina, que han pasado por innumerable cantidad de cargos. Como actualmente, su hija María Clara Molina, que revista una categoría A3, como asesora política en la Cámara de Diputados de la Nación. Cabe aclarar que si recorremos la nómina pública de esta institución encontramos también hermanos de otros legisladores o ex legisladores como Cresto y Gaillard, por nombrar los primeros que nos vienen a la mente.
Y si tuviésemos que nombrar las “familias” en el Poder Judicial, necesitaríamos una edición extra. El Poder Judicial entrerriano ya funciona más como una “casta” que como un feudo.
Y si tuviésemos que nombrar las “familias” en el Poder Judicial, necesitaríamos una edición extra. El Poder Judicial entrerriano ya funciona más como una “casta” que como un feudo.
El problema no es solamente el nepotismo y rozar el tráfico de influencias en varios puntos. Sino que también cuánto es lo que transfieren las arcas públicas a esas familias en conceptos de haberes por mes. Los privilegios, cargos y remuneraciones se suman, se multiplican y se perpetúan en el tiempo, para finalizar con la esperada jubilación millonaria de privilegio.
Cómo poner límites
Entre Ríos cada vez se asemeja más a una provincia feudal. Los dirigentes, cuando no pueden continuar en un cargo, “delegan” en esposas, hijos o parientes su cargo. Y así sucesivamente. Los “Cresto”, los “Fuertes”, los “Castrillón”, son solo algunos apellidos que se repiten por décadas con la excusa de “trabajar y sacrificarse por el bien público”. Muchas veces esa “pasión por servir” queda disimulada en el apellido diferente del cónyuge, pero igual se conoce.
Hasta acá, ha quedado demostrado que quienes han gobernado Entre Ríos en todos los órdenes, eficiencia y buena gestión pública no han tenido, ya que la Provincia está cada vez peor. Lo único que han logrado es el enriquecimiento personal y familiar. Y eso sí está demostrado.
Es necesario discutir y reglamentar la Ley 9755. Es necesario crear y sancionar una Ley de Ética Pública. Y no debemos olvidar, que la Constitución de Entre Ríos establece que los funcionarios deben “presentar, al tiempo de asumir y cesar en el cargo, manifestación de bienes” ¿Se cumple?
Por último, quien debe reclamar todo esto no es un medio de comunicación ni un periodista. Esto es una responsabilidad social. De todos. Hasta que los CIUDADANOS (no los “habitantes” actuales) no reclamen correctamente por sus derechos, nada de esto va a cambiar.
La dirigencia política nunca se pegará un tiro en los pies.
…Reclamar todo esto es una responsabilidad social. De todos. Hasta que los CIUDADANOS (no los “habitantes” actuales) no reclamen correctamente por sus derechos, nada de esto va a cambiar. La dirigencia política nunca se pegará un tiro en los pies.
