El impuesto a los Ingresos Brutos es el tributo que más creció en los últimos 20 años en la Argentina. Los especialistas coinciden en que es regresivo, que colabora con la suba de precios, pero que es el principal sustento económico de la mayoría de las provincias argentinas. Una perfecta encrucijada impositiva que perjudica a todos los actores económicos.
Por
Sebastián Martínez
Como un primer acercamiento al tema, podemos decir que, por grabarse sobre el total de los ingresos de manera fija, se considera a Ingresos Brutos uno de los impuestos más regresivos del sistema argentino: pagan lo mismo los actores más pequeños que los grandes. No tiene progresividad.
Según estudios basados en datos oficiales de recaudación, su volumen se duplicó en los últimos 20 años, por lo que es uno de los principales factores que explican la suba de la presión tributaria en la Argentina. El impacto de este tributo sobre el total de recursos que representa para la recaudación de las provincias también creció: pasó de un 55% sobre el total en el año 1997 a un 73% en el 2017.
Ingresos Brutos pasó de representar un 55% sobre el total de ingresos para las provincias en el año 1997 a un 73% en el 2017.
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.
Si hacemos un poco de memoria, en distintas ocasiones se intentó abordar el tema y encontrarle una solución racional. En 2017 se firmó el Consenso Fiscal entre la gran mayoría de las provincias, con el objetivo de una reducción gradual de este impuesto en cada una de las actividades, pero con la resistencia de varias gestiones provinciales y el cambio de gobierno de 2019, este acuerdo fue dejándose de lado.
Para el economista y profesor universitario, Julio Panceri, “lo más grave es que es regresivo, pagamos todos lo mismo sin importar nuestra capacidad contributiva, y se aplica sobre toda la cadena. No es como el IVA que mediante el sistema de débitos y créditos se desgrava y solo se cobra una vez al consumidor final, que paga el 21% por sobre el valor de origen. Ingresos Brutos se cobra en cada paso de la cadena productiva y comercial: ese 3% se suma luego a un 3% más, a un 1% y luego en otro 3% y el impacto en el precio final es mucho más que el 10%.”
Si bien cada provincia tiene alícuotas diferentes y especificidades para cada sector, en muchas hay regímenes simplificados para pequeños contribuyentes, cobros directos a residentes y convenios multilaterales de pagos para agentes con domicilios fuera de la provincia donde tributa. Todo esto se realiza bajo órbita de la Comisión Arbitral (COMARB), que es el organismo encargado de establecer pautas para coordinar los regímenes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, fijando criterios uniformes para la aplicación, administración y distribución de lo recaudado entre las provincias. Un objetivo loable que, como veremos más adelante, no se termina de concretar.
Si se toma la recaudación tributaria sobre el total del PBI de la Argentina, con datos del año 2022, los impuestos nacionales representan un 24,5% del total y los impuestos provinciales un 5%, estimado en 4.164.537 millones de pesos.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la Argentina cuenta con 148 impuestos repartidos entre los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la Argentina cuenta con 148 impuestos repartidos entre los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. “Hay una estructura tributaria que es muy compleja, que se modifica y casi nunca tiene un retroceso para volver a un nivel de mayor simplicidad. La recaudación efectiva de la Argentina es del 30% sobre el PBI, esto significa que equivale a un tercio de lo que se genera anualmente, pero la presión legal llega al 50%. Esa diferencia la explica la evasión o elusión, por eso el desafío es generar una baja de alícuotas, con eliminación de tributos y simplificación para poder recaudar lo mismo, pero con alícuotas menores para disminuir la competencia desleal”, aseguró el especialista Nadín Argañaraz, del IARAF, en declaraciones al programa radial En el Dos Mil También de Radio Costa Paraná.
¿Qué nos muestra este panorama? Que la Argentina recauda poco y mal. Este impuesto, regresivo e inflacionario, aumenta aun más la brecha de costos entre quienes integran la economía formal a aquellos que son parte de esquemas informales. Lo blanco y lo negro, como se lo llama en la calle. Como a ese 50% de tributos que obliga la ley y los pagan solo algunos, lo que le queda al Estado es sólo el 30%.
Si recorremos la historia reciente, aparecen varias disputas entre Nación y provincias por los recursos, los tributos y como se reparte lo recaudado. “A partir del 2010, las provincias comenzaron a subir la tasa de Ingresos Brutos porque habían perdido financiamiento de lo que se conoce como la “pre coparticipación”, que se destinó a seguridad social. En ese momento, todas comenzaron a aumentar impuestos, pero luego, cuando recuperaron esos ingresos, no hubo marcha atrás. Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo y que no es visible. Se va acumulando en distintas etapas de la comercialización y puede representar un 10% del precio de un alimento. Lo mismo sucede con algunas tasas municipales, que en verdad son impuestos encubiertos”, asegura Argañaraz.
En un contexto general, la Argentina tiene menos presión tributaria que los países desarrollados, incluso menos que Brasil, pero un poco más alta que otros países subdesarrollados. Si bien en los primeros meses del 2023 la recaudación tributaria neta es la más baja de los últimos 20 años, este dato se debe a dos razones: Primero, a la sequía, que generó menos exportaciones y menores impuestos al comercio exterior. La otra razón fue el adelanto de Ganancias de fines de noviembre del año pasado, que le quitó recursos a este ítem para el presente año.
Más que un impuesto inflacionario es un impuesto que deforma los precios, porque más allá que haya inflación, se suma a la cadena de costos y distorsiona los precios.
Gabriela Yujnovsky
Para la contadora Gabriela Yujnovsky, directora del Área de Contabilidad del estudio Yujnovsky & Asociados, que trabaja con varias empresas de la región, “más que un impuesto inflacionario es un impuesto que deforma los precios, porque más allá que haya inflación, se suma a la cadena de costos y distorsiona los precios. Al ir sobre los ingresos brutos, no considera costos o gastos y sólo se suma al número final. Al sumarse en toda la cadena de producción y comercialización termina siendo incremental”.
Otro conflicto que existe con este tributo es el sistema de Retención, Percepción y Pago a Cuenta. En varias notas de la revista x-más hemos abordado el enorme problema que representa este hecho, del que se anotician muchos actores económicos cuando ven el desconocido ítem SIRCREB que le descuenta fondos en su cuenta bancaria.
| Recaudación impositiva de ATER 2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Totales anuales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmobiliario | $ 294.542.957 | $ 2.809.917.965 | $ 467.969.200 | $ 288.114.611 | $ 3.654.100.376 | $ 459.683.011 | $7.974.328.120 |
| Automotor | $ 232.361.582 | $ 183.465.817 | $ 3.907.790.327 | $ 424.470.979 | $ 454.758.181 | $ 2.487.158.194 | $7.690.005.080 |
| Ingresos Brutos | $ 8.751.870.982 | $ 7.794.199.871 | $ 8.449.201.874 | $ 9.891.538.378 | $10.802.385.012 | $ 11.295.344.135 | $56.984.540.252 |
| Sellos | $ 948.633.087 | $788.298.051 | $ 889.492.273 | $1.025.605.794 | $1.116.340.522 | $1.115.417.905 | $5.883.787.632 |
| Profesiones Liberales | $ 108.563.344 | $ 91.340.448 | $ 99.569.406 | $ 117.380.100 | $ 119.282.866 | $ 137.740.437 | $673.876.601 |
| Transferencias gratuitas bienes | $ 1.455.954 | $ 999.724 | $ 723.482 | $ 1.713.346 | $ 982.216 | $1.976.161 | $7.850.883 |
| Totales | $ 10.372.882.233 | $ 11.700.824.987 | $ 13.869.089.434 | $1.799.974.213 | $ 16.205.683.808 | $ 15.554.158.959 | $79.502.613.634 |
A esto le podemos sumar un dolor de cabeza extra para los comerciantes, cuando ven un doble descuento con cada venta por tarjeta de crédito: le descuenta la tarjeta al concretar la venta y luego la entidad bancaria al realizarle el pago. Una situación injusta que pocas veces es reclamada por vía administrativa, ya que intentarlo es un enorme esfuerzo para un resultado incierto.
Un contador local nos da un ejemplo bien claro sobre un cliente que es Responsable Inscripto: “si se compra un insumo a un proveedor que es agente de percepción de ATER, se paga un 3% extra. Luego se vende el producto con tarjeta de crédito, retiene de nuevo un 3% más y cuando el banco liquida el dinero de esa venta se retiene un porcentaje más. Con este encadenamiento, el costo del comercio ya no es del 4% como marca el tributo, sino mucho más alto”. A esto debemos sumarle que la retención se realiza sobre el precio total, que incluye IVA, por lo que se está pagando impuesto, sobre otro tributo.
El Estado se asegura cobrar por adelantado, pero la carga administrativa recae en el contribuyente que es agente de percepción y además se le genera un problema financiero al que lo paga. Es un sistema que apareció en los noventa para combatir la evasión en la faena vacuna, y luego, como pasa usualmente con muchos tributos, quedó para siempre.
El Estado se asegura cobrar por adelantado, pero la carga administrativa recae en el contribuyente que es agente de percepción y además se le genera un problema financiero al que lo paga.
El comercio electrónico: venta virtual vs jurisdicción real
Una de las modalidades de venta que más ha crecido en los últimos años es el comercio electrónico. Ya no hay que esperar las acciones anuales de descuento, estilo Hot Sale, para que los consumidores piensen en que el producto que necesitan puede estar más barato, con mayor variedad, en 24 horas en su casa.
A todo esto, también se da una competencia desleal cuando uno, como consumidor, compra un producto desde Entre Ríos a un vendedor de una jurisdicción que paga una tasa menor de Ingresos Brutos, como puede ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora, si estamos hablando de insumos, proveedores y ventas de productos o servicios dentro de un esquema comercial o productivo, la realidad es otra. Ya nos metemos en el complejo mundo de los convenios multilaterales.
El convenio multilateral es el acuerdo que han hecho todas las provincias para aquellas empresas que trabajan en más de una jurisdicción. “El problema que vemos actualmente que las provincias tienen distintos regímenes de recaudación, mediante el SIRCREB en cuentas bancarias, retenciones o percepciones. De esta manera se adelanta el cobro de los impuestos y las empresas quedan con saldos a favor en distintos lugares, con un prejuicio financiero que en el contexto inflacionario actual es muy nocivo para las empresas”, asegura Gabriela Yujnovsky. Desde lo administrativo también se genera un problema para las pymes, ya que la liquidación supone conocer al detalle los códigos fiscales de cada provincia, con ingenierías muy complejas para evitar que quedan saldos a favor en algunas jurisdicciones y deudas en otras.
En la actualidad existen más de 86 regímenes de recaudación diferentes entre todas las provincias. Los contadores que trabajan en la materia destacan que Misiones y Tucumán son las dos jurisdicciones más complejas para operar. “En Misiones, si uno entrega mercadería está obligado a pagar al ingresar al territorio un impuesto a cuenta de Ingresos Brutos, luego el cliente también retiene un porcentaje en este concepto y al concretar el pago el banco hace el descuento mediante SIRCREB: se paga tres veces por lo mismo”, aseguran los profesionales.
Contadores destacan que Misiones y Tucumán son las dos jurisdicciones más complejas para operar.
Esto también genera problemas en el horizonte de pensar la integración comercial de regiones que pertenecen a distintas jurisdicciones, como pueden ser las ciudades de Paraná y Santa Fe. Separadas por escasos 25 kilómetros, con una autovía que las integra en menos de 30 minutos, la interacción comercial de uno y del otro lado del río, no es tan sencilla como pagar el peaje del túnel.
En tiempos de comercio electrónico e integración de mercados, aparece una barrera difícil de saltar.
Una salida a la encrucijada
Para el economista Julio Panceri, la cuestión no se resolverá de manera sencilla. “El mayor esfuerzo tributario de las provincias debería estar en gravar más los impuestos inmobiliarios y automotor, que son patrimoniales. Pero eso genera mayor enojo en la población, porque cada ciudadano lo ve en cada boleta, en cambio Ingresos Brutos, es casi invisible para la gran mayoría de la población. Y a su vez, es la gran vaca lechera de los gobiernos provinciales”.
Y Panceri concluye que, “Ingresos Brutos es un mal impuesto, pero no lo va a sacar nadie porque representa más del 70% de la recaudación provincial. Y no es algo característico sólo de Entre Ríos, porque en Santa Fe representa el 80%”.
La contadora Gabriela Yujnovsky coincide en este punto y agrega que el tema debe ser abordado de manera general con una reforma tributaria a nivel nacional. “Ante cada pacto fiscal se habla de las intenciones de reducir este impuesto hasta que desaparezca. En la teoría todos están de acuerdo en que es un impuesto distorsivo, pero suprimirlo es imposible porque significa mucho en términos recaudatorios para las cuentas provinciales. Esto se solucionaría si el resto de los impuestos nacionales se coparticipara como corresponde”.
En términos de políticas tributarias, una de las soluciones pensadas por parte de la dirigencia fue la creación de un “IVA provincial”, que suprima el tributo de Ingresos Brutos y se aplique de manera regular en todas las jurisdicciones, con el sistema de débitos y créditos. Pero la implementación sería muy compleja, porque cada provincia funciona con sus propias lógicas.
Idas y vueltas a lo largo de los años, el tema impositivo es de una complejidad enorme para la dirigencia política argentina. En los 40 años de democracia sólo una vez se pudo realizar un debate serio en relación a la coparticipación de recursos entre Nación y provincias.
El tema impositivo es de una complejidad enorme para la dirigencia política argentina. En los 40 años de democracia sólo una vez se pudo realizar un debate serio en relación a la coparticipación.
Hoy en día, el Congreso Nacional carece de liderazgos claros que conlleven a acuerdos entre las jurisdicciones y los distintos espacios políticos que las conducen. En tiempos electorales en los que se debate sobre mayor presencia del Estado o un ajuste a las políticas públicas, quizás buscar el consenso sobre la obtención de los recursos necesarios de manera eficiente, sin poner palos en la rueda al sector productivo, sea un buen primer paso.
