Una reforma estatal de signo progresista
Sueldos
Por Antonio Tardelli
Periodista


 


Durante los años noventa, cuando expresaba en Entre Ríos las políticas del peronismo menemista, el entonces gobernador Jorge Busti aludía a la necesidad de atender las inquietudes del sector privado. Alegaba que había que satisfacer los pedidos de los empresarios y en general de quienes no dependían directamente del aparato del Estado. Era una manera de defenderse de las críticas que le dedicaban los sindicatos del sector público (y no sólo ellos) por identificarse con el modelo aperturista, desregulador y privatizador del presidente Carlos Menem.

Tres décadas han transcurrido desde entonces y ni siquiera el gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, de signo claramente conservador, recorrió ese camino que desde el Cono Sur imitó las políticas de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Por lo tanto, en virtud del actual contexto, que al menos por el momento no amenaza con políticas similares, se puede abordar sin temores esa dicotomía entre lo público y lo privado. Esa grieta entre el mundo estatal y la economía de los particulares. De hecho, no convendría transitar caminos ya fracasados, pero son los traspiés del denominado progresismo, expresados por ejemplo en el credo keynesiano del peronismo kirchnerista, los que objetivamente abren la puerta a reformas de sentido neoconservador.

En la Argentina sucumben todas las recetas: las que se inclinan ante el Dios Mercado y las que pujan por un mayor intervencionismo. Los inconvenientes de la economía oficialista (no sólo los actuales sino también los de los años finales de Cristina Fernández de Kirchner) resucitan una serie de prejuicios antiestatales y clasistas. Con sus desatinos los estatistas devienen así en los mejores propagandistas de lo que detestan. Ahora el péndulo abre camino a quienes rechazan no sólo el rol regulador del Estado sino también la inversión gubernamental en políticas sociales sin las cuales la Argentina de la pobreza se habría convertido ya en un polvorín.

Por lo tanto, conviene mirar algunos números del presupuesto (algunos de ellos, absurdos) para promover una reforma que no incurra en aquellos prejuicios neoliberales. Los particulares que andan por los cincuenta años de vida, por ejemplo, empiezan a pensar en su jubilación. Avistan la miseria que los aguarda a la vuelta de la esquina y comienzan a experimentar una insana envidia cuando en las ruedas de amigos se topan con algún coetáneo (un docente, un incapacitado, un psicólogo) que ha revistado en el Estado y ya (siendo relativamente joven) disfruta alborozado de su jubilación. El particular, que puede ser un empleado de comercio, un autónomo, un operario, un cuentapropista o un monotributista, lo felicita y no ha terminado de hacerlo cuando empieza a contar los años que le faltan para alcanzar un beneficio relativamente similar o probablemente más modesto.

Es, claro, una notoria injusticia. Una injusticia que exige ser revisada. Y reparada. Dirá el joven beneficiario: “Que igualen hacia arriba. Que no toquen lo mío”. Es entendible. Es un gran argumento. ¿Por qué recortar los ingresos de alguien que goza del retiro tras una vida de trabajo? ¿Por qué incrementar la edad jubilatoria de los agentes públicos? El problema es lo que enseña la historia. Eso no ocurrirá. El sistema no igualará hacia arriba. Quien se desempeña en el sector privado (con una escala salarial que la nota central describe bien) quedará indudablemente por detrás. El clima se enrarece. El malestar se multiplica. Los actos gubernamentales de estricta justicia, como las transferencias directas a indigentes y desocupados, empiezan a caer un poco mal. Se las mira con recelo. Se termina mezclando todo con todo. Retroceden los valores solidarios. Y ciertas conquistas sindicales (por ejemplo, que en las designaciones de determinada agencia pública tenga prioridad el hijo de un empleado recientemente fallecido) empiezan a ser vistas como injustificados privilegios. ¿Cómo resolverlo sin mirar como miran los ricos? ¿Cómo abordar el problema sin caer en los lugares comunes de los ultraliberales y los conservadores?

Es un tremendo desafío. Resignados a las características de un tiempo en que prima el capitalismo financiero, en un mundo que condena a millones a la desocupación y a la miseria, los políticos administran el sistema con poco margen de acción. Con escasas posibilidades de reforma. No pueden cambiar el mundo, ni el país, ni la provincia, ni la ciudad, y se limitan a otorgar discretos beneficios a quienes cerca tienen. Un adicional por aquí. Un sobresueldo por allá. Un monto fijo para esta agencia. Un privilegio para mi amigo. El político se resigna a administrar lo poco que tiene y pone a salvo su imagen de sujeto sensible otorgando prebendas que satisfacen a unos pocos y generan inequidades que fastidian a muchos. Así suele funcionar la política corporativa, la que cede a las demandas sectoriales sin advertir (o advirtiéndolo sin que tal cosa la frene) que el interés general, el interés de todos o el interés de la mayoría, tiene muy poco que ver con la automática suma de los intereses de los grupos con capacidad de lobby. La consigna vale para los sindicatos, pero también, y, sobre todo, para las empresas y las cámaras patronales.

Poco puede esperarse de los moderados que insisten con recetas tan tibias como fracasadas. Por lo tanto, es el progresismo (que después de varios años en el poder suele volverse bastante conservador) el que debe imaginar la estructura mejor para el aparato estatal, las prioridades en el gasto, la mejora de su eficiencia y la eliminación de las prebendas sectoriales. El problema debe ser mirado con un prisma distinto del de los neoliberales. Debe pensarse si lo que suena sensible socialmente no contribuye de manera decisiva a la pobreza general de quienes, lejos de los centros de decisión, no están en condiciones de pujar por beneficios.

El Estado es, por definición, un mecanismo de dominación. Su estructura controladora favorece, antes que nada, a quienes necesitan de la ley para preservar sus ganancias. Los empresarios que abominan de la estructura estatal pierden de vista que es el Estado (sus poderes y fundamentalmente la Justicia) el que preserva su propiedad y, cuando cabe, asegura su renta. Ese Estado debe estar al servicio del conjunto y fundamentalmente de los más desprotegidos socialmente. Una serie de pequeñas y sucesivas reformas supuestamente sensibles lo han convertido en un ente heterogéneo, arbitrario, discrecional, que no sirve a los mejores ideales de transformación. Y que, irritando con sus desvaríos, se vuelve funcional a quienes lo quieren circunscribir a las funciones que consideran indispensables sin brindarle el menor margen para convertirlo en una herramienta al servicio de los débiles.

El Estado actual, lleno de favoritismos, sirve más bien poco. Es una máquina anquilosada que no contribuye a los propósitos que en su momento justificaron su expansión. Repensarlo, volverlo eficiente, debería ser una preocupación de los progresistas para que no sea un arma retórica de quienes saben bien que, sin regulaciones públicas, la preeminencia del mercado representa el mejor escenario para los pingües negocios que incrementan la desigualdad.


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