Un derecho poco ejercido
Pedidos de Acceso a la Información Pública

El acceso a la información pública es un derecho consagrado por la Constitución de Entre Ríos en su artículo 13. Sin embargo, no está reglamentado: falta la sanción de una ley que establezca el procedimiento para que las autoridades de los tres poderes del Estado respondan a las peticiones de cualquier persona, resida o no en el territorio provincial.

Eso no impide la presentación de una solicitud de información ante cualquier organismo público, incluyendo entes o empresas con capital estatal, municipios, comunas y la universidad provincial. Pero la carencia de un marco legal que fije qué se entiende por información pública, cuáles son los documentos en poder del Estado no pueden revelarse y durante cuánto tiempo, y cuál es el plazo para la respuesta del que disponen las autoridades estatales, se convierten en coartadas para eludir cualquier tipo de respuesta (más allá de que la propia Constitución haya habilitado la vía del amparo). 

El primer antecedente en la materia lo constituyó el decreto 1.169/05 GOB, fechado el 23 de marzo de 2005 y firmado por el ex gobernador Jorge Busti. Esa norma estableció el Reglamento General para el Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo provincial y recién entró en vigencia el 1 de julio de 2005.

Inspirado en el Anexo VII del decreto 1.172/03, que reconoció el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, se trata de un texto poco conocido. Entre otras cosas porque salvo unos cursos impartidos en 2007 por la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP), jamás hubo una campaña sistemática de divulgación. Y un derecho que se desconoce, mal puede ser ejercido.

Quien lea los Considerando del decreto 1.169/05 GOB podrá comprobar que el Poder Ejecutivo definió al acceso a la información pública como un instrumento de participación ciudadana que guarda relación con el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno y el contralor de la gestión estatal. Algo que no se corresponde con los hechos, entre otras cosas porque no existe una estadística oficial sobre la cantidad de pedidos de acceso a información pública presentados ante el Poder Ejecutivo y mucho menos detalles sobre las solicitudes que fueron contestadas dentro del plazo que establece el decreto 1.169/05 GOB.

Es que se trata de una norma poco difundida incluso puertas adentro de la administración pública. Tal es así que en muchos organismos ni siquiera se repara en el tiempo que el decreto fijó para que se brinde una respuesta.


Cómo hacer un pedido

Para formular un pedido de acceso a información pública se debe presentar una nota, por duplicado, ante el organismo que tiene los datos que se están buscando. Una vez que la solicitud de información es recibida las autoridades disponen de 10 días hábiles para responder.

En caso de surgir algún inconveniente que dificulte la obtención de la información, el funcionario público podrá solicitar una prórroga por otros 10 días hábiles. Para eso deberá fundamentarlo por escrito y la nota deberá llegar al domicilio de la persona que solicita la información antes de que venza el plazo inicial para la respuesta que fija el decreto 1.169/05 GOB.

No hace falta patrocinio legal. Es un trámite gratuito y sólo se puede cobrar la reproducción o copia de documentos en caso de que la información requerida sea voluminosa. La respuesta, según lo establece el decreto, debe ser completa, ordenada, veraz y oportuna.

Si pasados los 10 días hábiles no hay respuesta al pedido de información se produce lo que el decreto define como silencio o denegatoria. Eso habilita la formulación de una denuncia ante la OAEP por incumplimiento del reglamento de acceso a la información pública.

La OAEP, un organismo que depende de la Fiscalía de Estado, recibe la denuncia y envía un oficio a la dependencia estatal que no brindó la información solicitada. Mediante ese escrito le recuerda al funcionario involucrado que está obligado a brindar la información, salvo que se encuentre alcanzada por alguna de las excepciones que prevé el decreto 1.169/05 GOB –que su difusión ponga en riesgo la seguridad o la salubridad públicas; que advierta sobre la estrategia de los abogados del Estado en el marco de una causa en trámite; que esté protegida por la Ley de Datos Personales; o que esté resguardada por el secreto fiscal, entre otras razones-, para lo cual deberá emitir una resolución fundada.

Desde 2008 y tras la sanción de la reforma constitucional, en Entre Ríos también quedó habilitada la vía del amparo. Pero el acceso a la Justicia, si bien es gratuito, requiere del patrocinio de un abogado: una vez admitida la presentación el funcionario reticente a contestar es intimado a brindar la información solicitada en un plazo perentorio.


El acceso en la Justicia y la Legislatura

¿Y qué sucede en los otros poderes del Estado? La Justicia no cuenta con un reglamento de acceso a la información pública y en el Poder Legislativo hay criterios diferentes: mientras el Senado carece de una reglamentación, la Cámara de Diputados cuenta con un decreto, el 58/06, aprobado el 21 de diciembre de 2006 y publicado en el Boletín Oficial el 26 de noviembre de 2007.

Es casi una réplica del decreto que rige en el ámbito del Poder Ejecutivo, aunque con un par de diferencias: fija un plazo de 20 días hábiles para la respuesta (con un período de prórroga semejante) y que en caso de falta de respuesta o contestación insatisfactoria todo reclamo debe canalizarse a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que depende de la Presidencia de la Cámara.

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