Silencio oficial que habilita todas las conjeturas
¿Vacunación VIP?

En pleno contexto de pandemia la mayoría de los expertos coinciden que la única salida al problema es acentuar la política de vacunación. 

En Argentina se aplicaron las primeras dosis en el mes de diciembre de 2020. Luego, a cuentagotas, fueron llegando a las distintas provincias.

En enero se produjo un escándalo de “Vacunación VIP” que provocó la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García, ante la confesión del periodista Horacio Verbitsky, que provocó la publicación de un listado de dirigentes políticos, empresarios y periodistas amigos de González García que accedieron a las vacunas antes de tiempo por su cercanía con el entonces ministro.

En Entre Ríos se decidió en el mes citado, la vacunación del gobernador Gustavo Bordet, de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y del resto del gabinete. En los dos primeros casos, se publicaron las fotos en el marco de una campaña para difundir la política de vacunación ante las dudas que generaba en cierto sector de la población la vacuna Sputnik V. 

Las semanas pasaron y la vacuna rusa fue ganando credibilidad y hasta obtuvo el respaldo de las principales publicaciones científicas internacionales. Al mismo tiempo, la provisión del insumo vacunas comenzaba a complicarse en todo el mundo.

En este contexto de incertidumbre se conoció un listado que incluía a supuestos “vacunados Vips” en Entre Ríos, entre los que se encontraban miembros del gabinete, pero también personas cercanas a ellos, funcionarios de menor rango, choferes y hasta familiares. 

El gobierno de la Provincia publicó un comunicado de prensa en el que reconocía que “dentro de la categoría de personal estratégico se ha vacunado al gabinete de ministros y a un grupo de personas, precisamente por el rol que cumplen en el marco de la pandemia y en contacto permanente con las máximas autoridades provinciales, y siempre de acuerdo a un criterio estrictamente técnico”.

A partir de esta publicación, y para contar con la información precisa que permita informa y opinar sobre los hechos, solicitamos -mediante un pedido de Acceso a la Información Pública- al Ministerio de Salud, cuál fue el criterio utilizado para calificar como “Personal Estratégico”, los nombres de las personas vacunadas bajo esa denominación, la función que cumplen y la fecha en que se produjo la misma.

El pedido de Acceso a la Información Pública se basa en el decreto 1169/2005 que reglamenta este tipo de solicitudes y cita la Resolución 712/21 del gobierno nacional. En dicha norma -publicada luego del escándalo nacional de la vacunación VIP- se establecen los criterios para seleccionar al personal estratégico y en su Artículo 6º aclara que “El listado del Personal Estratégico vacunado bajo la presente tendrá carácter público y será puesto a disposición de quien lo requiera”.

La polémica sobre el listado de vacunados estratégicos se extendió a varias ciudades entrerrianas como el caso de Gualeguaychú, donde se denunció la aplicación incorrecta a funcionarios municipales; o en San José de Feliciano, donde la propia diputada provincial Silvia Moreno fue vacunada en el mes de enero “porque sobraban vacunas”.

También se trató el tema en una sesión de la Cámara de Diputados, cuando la ministra de Salud, Sonia Velázquez, como también los principales funcionarios del área no quisieron brindar el listado de vacunados estratégicos en Entre Ríos, con la excusa de la protección jurídica de los datos personales y la legislación que protege a los pacientes bajo tratamientos médicos. 

Pese a varios pronunciamientos públicos de los dirigentes de la oposición, sólo al diputado Nicolás Mattiauda le pareció que aquí había un delito penal por mala administración de un recurso estratégico del Estado, y presentó una denuncia penal por lo sucedido en su ciudad, Gualeguaychú.


Argumentos pobres para no informar

El argumento jurídico que la ministra Velázquez expuso en su lectura de una carilla en la Cámara de Diputados, es bastante pobre. El mismo debate se había producido semanas antes en Mendoza, ante un pedido similar. En ese contexto, el gobierno de esa provincia consultó al área legal sobre el “derecho a la información pública y el “derecho a la privacidad” de las personas que chocaban en este caso. 

El dictamen del fiscal de Estado de Mendoza, Mario Simón, es concluyente en cuanto al derecho a la información, en el manejo de los datos personales en el caso de una campaña de vacunación. Aclara que los datos en cuestión (nombre, DNI) son datos públicos, que de esa sola información no se desprenden datos de la salud de esas personas, sino solamente si han sido vacunados o no: “el sólo hecho de difundir que una persona ha sido vacunada, no implica en forma alguna informar si esa persona ha padecido o no la enfermedad, dato que sí podría considerarse sensible, en cuanto hace referencia a la salud”.

Y sigue: “Consecuentemente, la difusión del listado de personas que recibieron la vacuna, limitado a su nombre y documento, resultan datos que hacen a una trascendental política pública de salud implementada por el Estado y, como tal, debe encontrarse sujeta al control del Poder Legislativo, así como al de toda la ciudadanía”.

“En conclusión, a la luz de todo lo antes señalado, negar la identificación de los beneficiarios de la vacuna estatal invocando de manera apriorística y generalizada que se afecta su intimidad, no cuenta –en mi opinión- con fundamento legal suficiente y carece de un sustento fáctico concreto”.

“Ningún control es posible manteniendo en secreto el listado de personas vacunadas”.

“Esta obligación de transparencia se ve especialmente reforzada cuando considero que el bien jurídico en juego es la salud y la vida misma de los habitantes, y que los recursos con que se cuentan (las vacunas) son escasas frente a la existencia de una gran demanda”, culmina el Fiscal de Estado de Mendoza. 

Pese a estos antecedentes jurídicos y políticos, según lo expresa la propia resolución del gobierno nacional, el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos decidió hacer silencio, violar el decreto 1169/05 y omitir las respuestas a nuestro pedido.

En el mes de abril, ante el vencimiento de todos los plazos legales establecidos, volvimos a presentarnos ante el Ministerio para concluir los pasos administrativos, previos a los judiciales.

El final de esta historia sigue abierto. Pero una vez más, termina con decisiones que alejan a la clase política de los intereses de la ciudadanía. 

Es sabido que cuando en comunicación impera el silencio, aparecen los ruidos. En este caso, es como un estruendo ensordecedor que muchos prefieren no oír.

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