Patear para adelante, la regla para gobernar
Reestructuración de la reestructuración

Entre Ríos quedó en default al no haber podido pagar 22 millones de dólares de intereses, por el préstamo tomado en Estados Unidos en 2017, y que se utilizó en su gran mayoría para cancelar Gasto Corriente. La reestructuración de esa deuda completa se cerró este mes y deja tremendamente comprometido al próximo gobierno constitucional, además de generar dudas sobre la factibilidad real de poder cumplir ese compromiso. Un Estado imposible de sostener con funcionarios que no se hacen cargo de nada, nunca.

Por Julio Panceri. Contador

David Cameron (ex primer ministro del Reino Unido), en un discurso de 2013 sobre el futuro de la Comunidad Europea, decía que “Más de lo mismo no va asegurar un futuro a largo plazo de la zona euro. Más de lo mismo no traerá a la Unión Europea más cerca de sus ciudadanos, más de lo mismo va producir más de lo mismo, menos competitividad, menos crecimiento, menos empleo…”

Esto se adapta perfectamente al presente de Entre Ríos y también al de nuestro país, aunque con respecto a nuestra provincia debemos pensar que existen temas de viabilidad y otros de sustentabilidad. 

Quizás, y antes de hablar de la sustentabilidad de la deuda provincial, tengamos que detenernos en la viabilidad de los modelos de gestión de la hacienda pública que llevamos adelante con malos resultados y los cuales con el transcurrir del tiempo vemos como normales. Es por ello que palabras como déficit, emisión, endeudamiento, default o reestructuración las vemos como situaciones normales (sin distinción de banderas políticas ni ideologías), y existen quienes llegan a considerar algunas de estas situaciones como exitosas o grandes logros políticos.

Pero en el caso particular de la deuda del Estado Provincial (Títulos Públicos colocados en el mercado internacional), creo que debemos, sintéticamente, conocer su origen y que el núcleo han sido los déficits acumulados en las cuentas estatales. 

Todo en la palabra oficial

Ante todo debemos coincidir que más allá de sus propias deficiencias financieras y de gestión, Entre Ríos no es una isla y pertenece a un país donde en los últimos 12 años hemos tenido caída neta constante del PBI con procesos recesivos y descontrol de variables macroeconómicas. Pero, igualmente, la deuda incluida en los Títulos Públicos tiene mayoritariamente origen en la acumulación de déficit. 

Esta afirmación no es propia, sino del propio Gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, quien lo dejó plasmado en el mensaje de elevación del presupuesto 2017 a la legislatura (presupuesto que fue aprobado por unanimidad), y en el mismo decía que “Desde el 2007, la provincia de Entre Ríos transita un camino de desequilibrio financiero, que se fue acentuando durante los años siguientes, con una economía que no logra sostener el crecimiento de años anteriores… los niveles de recursos registrados no han venido acompañando el crecimiento observado en los gastos, derivando en un resultado deficitario en las rentas generales, que hasta la fecha no han podido revertirse, y que al 31 de diciembre de 2015 arroja un saldo que resulta de $ 2.227 millones” (Gráfico 1).


A esto podemos sumarle otras declaraciones del propio gobernador, cuando en 2018 en una reunión de gabinete ampliada, manifestaba que “Encontré una provincia fundida… no tenía para pagar los sueldos de diciembre ni el medio aguinaldo...” 

Al 31 de diciembre de 2015, el stock de deuda consolidada era de $ 12.727 millones y la deuda flotante de $ 2.227 millones; pero aunque la relación del stock de deuda con los recursos corrientes era baja, lo que el Estado Provincial no tenía (y no tiene) es la capacidad financiera de pagar las obligaciones emergentes de las deudas contraídas oportunamente (exceso de gastos corrientes con relación a los ingresos), y es el mismo ejecutivo provincial quien argumenta que el gasto salarial y previsional son los factores de mayor incidencia en el crecimiento del gasto corriente. Pero además, el perfil de vencimientos que había contraído la provincia en el mercado interno a corto plazo y altas tasas, implicaba que en dos años (2016 y 2017) vencieran aproximadamente el 60% de la deuda total. El mismo mensaje de elevación (2017) con respecto a esto decía que “Esta situación torna imprescindible lograr una refinanciación a fin de adecuar la situación financiera con mayores plazos y una menor tasa de interés”.

Esta necesidad de refinanciar la deuda existente desemboca de la emisión de Títulos Públicos en el mercado internacional con el objeto de obtener recursos frescos para hacer frente a las deudas existentes y descomprimir el núcleo de vencimientos de corto plazo, ampliando la ventana temporal de vencimientos (pateando hacia adelante obligaciones), tratando de mejorar el margen de maniobra en las cuentas provinciales. 

Al cierre del año 2016 la provincia adeudaba $ 5.841,83 millones a Entidades Bancarias y Financieras y $ 2.247.51 millones en títulos de deuda pública local y Letras emitidas. En el mensaje de elevación a la Legislatura del Presupuesto 2018, el Gobernador Gustavo Bordet describe la situación de la siguiente manera: “Durante el año 2016, luego de la firma del acuerdo de nuestro país con los holdouts, se abrió el mercado internacional de créditos tanto para la Nación como para el conjunto de provincias, con condiciones en cuanto a tasa y plazos, surgiendo un contexto altamente favorable para reestructuración de la deuda consolidada que cada jurisdicción mantenía. La provincia de Entre Ríos, con el ánimo de mejorar y apuntar a normalizar la difícil situación fiscal del año 2016, comenzó un proceso de estructuración de un título internacional, que contó con todo el apoyo de la legislatura provincial, con el que se lograría una importante disminución en los servicios anuales de la deuda”.

Un año después, en el mensaje de elevación de presupuesto 2019, el ejecutivo provincial expresaba que “Durante el año 2017, la provincia tuvo acceso al mercado internacional de crédito que concretó con un programa de títulos por un total de U$S 500 millones a un plazo de 8 años con vencimiento final en febrero 2025, con un periodo de gracia para el pago de 5 años y una tasa de interés del 8,75% anual… ésta operación generó un alivio sustancial en las finanzas provinciales, pudiendo reestructurar y refinanciar servicios de la deuda provincial que comprometían los años 2018 y 2019 y además financiar la realización de diferentes obras”.

Un crédito solo para cubrir déficit

Después de ver el origen del problema (refinanciación de déficit acumulado con constantes problemas financieros por exceso de gasto corriente), llegamos a la emisión de los títulos. Con la firma en febrero de 2017 del contrato de fideicomiso entre la Provincia y US Bank Nacional Association, se hicieron dos emisiones: la primera por U$S 350 millones el 08 de febrero de 2017, con una tasa de interés del 8,75% anual, los intereses se pagan de manera semestral venciendo los días 08 de febrero y 08 de agosto de cada año y comenzando el 08 de agosto de 2017. El monto del capital se amortiza en tres cuotas; 33,33% el 8 de febrero de 2023; 33,33% 8 de febrero de 2024; 33,34% el 8 de febrero de 2025. La segunda emisión se realizó el 21 de noviembre de 2017 por U$S 150 millones con tasa de interés del 7,55% anual e iguales condiciones de vencimientos que la primera emisión. Una parte de lo obtenido por la emisión de los títulos fue coparticipada a varios municipios de la provincia (decreto 2244/17, 16% de los U$S 350 millones).

Obvio qué desde la emisión en 2017 al default y reestructuración de la deuda emitida en títulos de moneda extranjera provincial –como expresara un ex presidente- “pasaron cosas”. Por ejemplo, el tipo de cambio mayorista el 08 de febrero de 2017 era de $ 15,69 y hoy ronda los $ 89,00 con una inflación entre el periodo febrero 2017 a enero 2021 de aproximadamente el 165%. A esto debemos sumarle que la provincia continuó en un sendero de estancamiento, donde las cuentas públicas solo reflejan situaciones deficitarias y un gasto corriente muy alto, dentro del cual el gasto en sueldos y jubilaciones son determinantes. 

Este volumen del gasto corriente dentro de la estructura de ingresos provinciales no deja lugar para pensar en desarrollo de obras importantes. En 2017 el gasto corriente representaba el 94% del total de gastos de la ejecución presupuestaria provincial; en 2018 el 94,9%; en 2019 equivalía al 95,7%; y en 2020 alcanzó el 96,5%. Esto quiere decir que el gasto en inversión en obras viene decayendo desde un pobre 6% al alarmante 3,5% del total ejecutado en gastos.

En lo que respecta al ejercicio 2020, el mismo ha reflejado un superávit financiero de $ 1.981,09 millones, pero este no sería posible si el Estado Nacional no hubiese apoyado con Aportes No Reintegrables por la suma de $ 5.425,95 millones (ANR´s para financiación de Erogaciones Corrientes por $ 4.774,60 millones y ANR´s para Financiación de Erogaciones de Capital por $ 651,35 millones). A esto hay que sumarle que los principales rubros que conforman “Gastos Corrientes” aumentaron por debajo de la inflación (quedaron licuados). Estos son “Personal” (aumentaron durante 2020 el 28.8% con respecto al cierre de 2019), y “Prestaciones a la Seguridad Social” el 33,21%. Estos dos rubros conforman el 68,7% de los Gastos Corrientes (devengado) y equivalen al 95,01% de los ingresos tributarios totales. 

En cuanto al stock de deuda pública al 31 de diciembre de 2020, el mismo es de $ 79.706,52 millones a los cuales si le sumamos la deuda flotante de $ 17.369 millones, nos otorga un total de $ 97.075,52 millones (44,2% mayor que la deuda determinada al 31 de diciembre de 2019).

Default y reestructuración de la reestructuración

Ante esta historia de déficit sin resolución y con una pandemia (en el mundo nadie podía prever semejante acontecimiento), sin fondos anti cíclicos y contando con la ayuda del Estado Nacional para cubrir gastos corrientes, el Estado Provincial no pudo abonar los intereses que los Títulos Internacionales emitidos devengaron en agosto de 2020 y febrero 2021 (sustentabilidad de la deuda). Esto desencadenó una demanda por parte de un grupo de acreedores (querían cobrar lo que les correspondía), que ubicaron al estado provincial en una situación de “default”, de la cual la única forma de salir fue a través de un proceso de reestructuración de los adeudado (y volviendo a patear vencimientos hacia adelante).

Esta nueva reestructuración de la reestructuración estipula 12 vencimientos semestrales para el capital (entre 2023 y 2028) con pagos semestrales de intereses; entre agosto 2021 y agosto 2022 (tasa 5% anual), entre agosto 2022 y febrero 2023 (tasa 5,75% anual), entre febrero 2023 y agosto 2023 (tasa 8,1% anual) y entre agosto 2023 y agosto 2028 (tasa 8,25% anual) (Gráfico 3). El 40% de los intereses no pagados en 2020 y 2021 se capitalizarán (esto quiere decir que el capital original se incrementa y habrá que pagar intereses sobre intereses) y la Provincia se hace cargo de los gastos que tuvieron los bonistas para entablar la demanda, más los gastos propios que insume la operatoria para la provincia. En un contexto de liquidez mundial, con un dólar retraído y tasas de interés de referencia en el mundo desarrollado que oscilan cercanas al 1% anual, estamos hablando de tasas a pagar “altísimas”, por lo cual considerar esto como “exitoso” parece una burla.


El nuevo perfil de vencimientos refleja obligaciones aproximadamente por unos U$S 12,5 millones en 2021, U$S 25 millones en 2022, U$S 83,6 millones en 2023, U$S 125,2 millones en 2024, U$S 117,8 millones en 2025, U$S 110,4 millones en 2026, U$S 102,9 millones en 2027 y U$S 95,6 millones en 2028 (Gráfico 3).


Esta es nuestra realidad. Obviamente no es viable y esto origina que no sea sustentable en el tiempo. 

La reestructuración de la reestructuración de una deuda, producto de problemas de origen deficitarios en las cuentas públicas, con altos costos financieros en moneda extranjera seguirá en el tiempo y en algún momento alguien deberá pagarla. 

Por ahora, todo apunta a sostener la idea de “que se las arregle el próximo Gobernador, como pueda… pero, ¿podrá?”.

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