Más de $900 millones en contratos legislativos
Legislatura provincial

El dato surge de información oficial brindada por ambas cámaras legislativas. Senado gastó 444 millones y Diputados 439 millones de pesos de enero a noviembre de 2021. Con el mes de diciembre, superan los 900 millones anuales. Ambas cámaras se negaron a brindar información sobre funciones y nombres de los contratados.

Por Sebastián Martínez. - Periodista. Lic. en Comunicación Social.

Transparencia. Gobierno Abierto. Modernización del Estado. Acceso a la información pública. Participación ciudadana en políticas públicas. Afirmaciones que son parte del discurso público de nuestros gobernantes. En muchos casos pueden mostrar una realidad o un deseo de mejoras a futuro y en otros son solo recursos discursivos para embellecer una declaración.

¿Cómo se maneja en Entre Ríos la información pública? En varios casos, han existido avances, pero aún queda mucho por mejorar. 

Como es de público conocimiento, la vida política de la provincia de Entre Ríos se vio sacudida el 20 de septiembre de 2018 por la noticia de la detención de tres personas que extraían dinero con decenas de tarjetas de débito de un cajero del BERSA. Ahí comenzó la investigación de la causa de los contratos truchos en la Legislatura.

Si tomamos el relato de los hechos en base a las pruebas que son parte del pedido de elevación a juicio por parte de los fiscales a cargo, durante diez años existió un mecanismo para extraer recursos públicos mediante la simulación de contratos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que eran firmados con otros fines de los que expresaban en su letra.

Según estas pruebas, de la maniobra participaron prestanombres, reclutadores, funcionarios públicos, autoridades legislativas y estudios contables con distintas funciones logísticas e impositivas. Todo con el aval de las autoridades legislativas y el desconocimiento, o impericia, del Tribunal de Cuentas de la provincia. Por los millonarios montos relevados, de comprobarse estos hechos, sería la causa de corrupción más importante en la historia de la provincia.

¿Por qué sucedió esto?  Entre los múltiples factores que se pueden listar, hay uno central: la escasez de controles institucionales efectivos y la total falta de transparencia sobre criterios de distribución de estos contratos, los fondos asignados y las contraprestaciones realizadas por cada una de las personas que presta el servicio al Estado. 

A partir de estos hechos, y más allá de los vaivenes jurídicos de la investigación, desde la redacción de la revista X-Más consideramos que la información en relación a los recursos que un poder del Estado destina a la contratación de personas mediante la modalidad de contratos, debe tener carácter público, para evitar maniobras como las que sucedieron entre 2008 y 2018.

Por esto, solicitamos formalmente mediante un pedido de Acceso a la Información distintos datos sobre los contratos de obras y de servicios firmados en las cámaras legislativas en los últimos años. Luego de la negativa oficial por parte de las autoridades de Diputados y Senadores y de un recurso de amparo presentado en la Justicia a fines del año pasado, obtuvimos una parte de la información requerida: los montos totales destinados a estos ítems desde el 2017 a la fecha.

Estos montos muestran que la Cámara de Senadores pasó de 150 millones de pesos anuales en 2017 a 444 millones en 2021, con un marcado incremento entre los años 2018 y 2019 donde se observa un crecimiento del 90%. Por su parte, la Cámara de Diputados pasó de 118 millones en 2017 a 439 millones de pesos anuales en el ejercicio 2021, con un salto a partir del año 2020 generado por un incremento del 200% tras años de estar en los mismos niveles. Si bien en el quinquenio las sumas crecieron por debajo del índice inflacionario de la Argentina, la legislatura entrerriana destinó en los primeros once meses del 2021, 883 millones de pesos para el rubro contratos.


Más allá de las razones que justifican estos montos, de la necesidad de que los legisladores cuenten con estos recursos humanos para sancionar leyes que mejoren el funcionamiento de la provincia, se debe poner el foco en la decisión política de no transparentar esta información. 

Entre los fundamentos que brindaron ambas cámaras ante nuestro pedido surgió el de la afectación de “Datos Personales”, enmarcados en la ley Nº25.326. El principio jurídico citado, entiende que los contratados no brindaron el consentimiento para que se utilicen sus datos personales. Lo que los asesores jurídicos no tuvieron en cuenta fue que la propia ley establece altos rangos de protección para “datos sensibles” (aquellos “revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”), pero excluye a la información que se limita a contener sólo “nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio”. Así lo dice el texto de la ley en su artículo 5º, en su punto 2, referido a la no necesidad del consentimiento de las personas en estos casos. Una diferenciación jurídica básica, entre un “dato personal” y un “dato sensible”.

Por algo, en otras legislaturas y hasta en el propio Congreso de la Nación, uno puede acceder a la información sobre quiénes son los asesores de cada legislador con sólo dos clics en el sitio web del organismo. Allí se informa sobre los nombres y apellidos de los asesores de cada legislador, la modalidad de la contratación y el área en la que cumplen funciones específicas. Es un antecedente al que se le debería prestar más atención en la legislatura entrerriana.


El acceso a la información pública es un derecho garantizado en el artículo 13º de nuestra Constitución provincial. Si bien aún no existe una ley específica que lo reglamente, otra de las deudas legislativas a más de 13 años de la reforma constitucional, rigen decretos provinciales, leyes nacionales y jurisprudencia jurídica que amparan a los ciudadanos y a la prensa en su ejercicio.

Es llamativo que pese a existir una causa judicial que investiga enormes irregularidades en el manejo de los contratos en los últimos años, no se decida a dotar de mayor transparencia al proceso de asignación de estos millonarios fondos. Las actuales autoridades legislativas sostienen que se avanzó mucho en los últimos años en la regularización de los requisitos para la firma, en la bancarización del proceso y en el control interno administrativo. Quizás sea hora de dar un paso más y publicar toda la información de cara a la sociedad, para lograr mayor transparencia y más confianza en el funcionamiento de las instituciones de la democracia.


Las legislaturas provinciales y sus diferentes realidades

La Red Federal de Políticas Públicas y la Fundación Libertad vienen realizando un seguimiento sobre los gastos en el poder legislativo de cada una de las provincias en los últimos años.  En la comparativa realizada en todo el país, si se divide el presupuesto 2021 por la cantidad de legisladores, Tucumán lidera el ranking con $166,7 millones anuales para cada legislador. Luego siguen Ciudad de Buenos Aires con $132,1 millones y Chaco con $130 millones. En el otro extremo, es decir, las que registran menor costo por legislador son Santiago del Estero y San Luis, con erogaciones de $8,9 y $13,3 millones anuales respectivamente.

“Un legislador tucumano cuesta seis veces más que un legislador jujeño, una diferencia considerable teniendo en cuenta que dichas jurisdicciones poseen similares cantidades de legisladores. Otro contraste importante se da entre las provincias de Catamarca y San Luis, en este caso, la primera más que cuadriplica el gasto por legislador de la segunda. Una mayor disparidad se da entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero, cuyos gastos por legislador son de $130 y $8,9 millones, respectivamente, es decir, que el costo en la provincia chaqueña es casi 15 veces el de la santiagueña”, asegura el informe.

Según los especialistas, los poderes legislativos destinan en promedio un 80% de sus recursos a personal. Las que más personal tienen por cada legislador son la de Chaco, con 65, Catamarca y Santa Cruz con 38. Entre Ríos se encuentra en la parte más baja de esta escala, con sólo 8 empleados por legislador. Claro que este informe no tiene en cuenta los contratos de obras y servicios que dimos cuenta en la primera parte de esta nota. Según el Presupuesto 2022 la Legislatura entrerriana cuenta con 422 empleados de planta permanente y 10 de planta transitoria, de los cuáles 29 pertenecen al Instituto Becario provincial. 

Otro dato numérico que muestra la evolución en el tiempo de los recursos destinados a la legislatura entrerriana surge de la comparación de los fondos destinados al Poder Legislativo en relación al presupuesto total provincial. Si bien los 2.039 millones de pesos anuales parece un número escandaloso en una provincia como Entre Ríos, representa sólo el 1,17% de los recursos públicos provinciales por año. Estos fondos, en el año 2005 representaban el 1,7% y en el 2011 del 1,5% sobre el total presupuestado. Se puede inferir que, mediante un lento ajuste por goteo, la legislatura ha perdido prioridad ante otras áreas en la asignación de fondos del Estado provincial. Sin dudas que el alto nivel de los salarios en este sector de la administración pública, las urgencias de demandas sociales, de la pandemia y una causa judicial que investiga un desfalco multimillonario en las propias arcas legislativas han influido al respecto.

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