Llegó la hora de los moderados, tanto de derecha como de izquierda
Opinión política
Por Roberto Trevesse
Periodista

“No hay libertad para el hombre donde su seguridad, su vida y sus bienes están a merced del capricho de un mandatario” Juan Bautista Alberdi (1810-1884)

El Presidente sostuvo en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que no piensa en devaluaciones ni en medidas intempestivas, sin embargo es lo que ocurre. 

Nunca en muchos años y a poco de comenzar un período democrático, hubo un Presidente tan ambivalente, que dice una cosa y hace otra.

Quizás la mitad de los que votaron a Alberto Fernández le creyeron que él iba a ejercer la primera magistratura y no quien lo designó como su candidato. Hasta hoy se equivocaron.

El liderazgo del gobierno lo ejerce Cristina Kirchner, quien hace y deshace a su gusto y paladar.

La señora quiere ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia para ubicar magistrados adictos a sus ideas autoritarias, o sea, lo que quiere es atropellar esa independencia. Ella necesita cubrir sus espaldas.

Este tipo de ningunear la división de poderes, no es nuevo, viene ocurriendo desde hace un poco más de 70 años cuando se hizo el juicio político a cuatro integrantes de la Corte Suprema en 1946, menos al quinto, que era ideológicamente afín porque había ingresado con el golpe de 1943. 

Desde entonces, la Corte fue modificada en 1956, 1958, 1973, 1976. En 1983 se pensó que se llegaba a un punto distinto, porque se eligió una Corte que ideológicamente era heterogénea, hasta que llegó Carlos Menem, quien también quiso tener su Corte “propia” y la amplió.

El alboroto político y social, producto del Covid 19, la grave situación económica provocada por la cuarentena “eterna”, la notoria ausencia de un programa de gobierno, más numerosas declaraciones fuera de lugar a cargo de los funcionarios nacionales, impide un acuerdo que garantice la independencia y designación de los jueces para dar un salto de calidad institucional en la Argentina.

Nuestro país necesita más información y más integridad, menos impunidad y menos indiferencia.

Un grupo que se autodenominó como Republicanos, redactó una proclama en la que manifestó su preocupación por la usurpación de tierras, en diferentes regiones del país, por parte de sectores organizados: “Se vulnera así el Estado de derecho, principio en virtud del cual las personas y las instituciones deben quedar sometidas a la ley”. Y concluyó que “reviste suma urgencia que el Gobierno salga de su letargo cómplice, aplique la ley y ejerza la autoridad, actuando con el uso pleno de la fuerza pública frente a las intromisiones y perturbaciones, al ser quien ostenta el monopolio de la misma en un Estado de derecho”.

El país está en una realidad crítica y deliberativa como hace 20 años atrás, quizás aún más profunda. El documento en cuestión, firmado por destacados intelectuales, expresa que el derecho a la propiedad es un derecho natural e imprescriptible, equivalente a los derechos a la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La propiedad es la expresión concreta de la libertad; es el pilar esencial para sostener a una sociedad próspera y activa y el incentivo para poner en marcha emprendimientos y mejorar la calidad de vida.

Es innegable que este estado de cosas profundizará el conflicto social y la actividad de aprovechadores de los legítimos reclamos de quienes aspiran a una vivienda digna o al reconocimiento de un territorio (artículo 14 bis de la Constitución Nacional; artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948). 

Cristina Kirchner quiere sacarse de encima sus problemas judiciales, sabe que tiene que salir indemne, pero también tiene claro que en esos asuntos no tiene mucho para ganar, todo pinta mal. Esto lleva a que su sector político, aglutinado en el Instituto Patria, se sienta autorizado a cuestionar permanentemente al Presidente, mientras todos los demás desconfían.

Por otro lado, como si fuera una rara paradoja, los seguidores de Alberto Fernández descreen cada vez más de su capacidad para imponer una política más sensata, aun cuando si quisiera hacerlo. Temen que los cristinistas se salgan con la suya y nadie los contenga. En síntesis, estamos ante una posible realidad que promueva la ingobernabilidad.

Hoy la Vicepresidenta, voluntaria o involuntariamente, como se quiera verlo, es la máxima promotora del desgaste de su elegido. Lo que implica que se va volviendo la única solución disponible para los problemas que él no puede resolver. Meses atrás se esperaba que el Presidente se independizara, marcara su propio camino, pero ese sueño o proyecto quedó ya en el olvido.

Otra cuestión es que la distribución fragmentada de los cargos del Estado entre los diferentes sectores del Frente de Todos fue una pésima idea, ya que les trae a todas las áreas de gestión enormes problemas y estos se vuelven inmanejables.

Claro está, con la ineficiencia de varios ministros y Secretarios de Estado que no están a la altura de las circunstancias que nos toca vivir. 

Para el kirchnerismo/cristinista no es suficiente que Alberto Fernández se esmere en mostrarse leal a su Jefa, seguidor devoto de Néstor y garante de la impunidad de todos los delitos o graves irregularidades que ellos y sus amigos hayan cometido; siempre va a considerarlo un extraño poco confiable.

Así fue con Daniel Scioli y así sucede con gobernadores y sindicalistas que no son del palo, pero que adhieren tenuemente y no se animan a rebelarse en defensa de los intereses provinciales. Si el Presidente espera otra cosa es un síntoma de su desubique y un paso directo a protagonizar situaciones bochornosas.

Hay un tema sustancial que no debemos obviar, pero hay que hablar de los trabajadores. El Estado debe tener la voluntad política de promover empleo genuino no público, junto al sector de la producción. Es la única forma de sacarlos del asistencialismo. Así dejaran de ser rehenes del pobrismo. Esa es la tremenda diferencia que una parte importante de la sociedad tiene con el peronismo actual.

El Estado agotó los fondos para dar trabajo o como seguro de desempleo encubierto. Hay que abstenerse de usar el Estado Empleador porque precisamente secuestra la opinión del trabajador-cliente. Esto se transforma en la base de cualquier autoritarismo conocido. El empleo estatal no es una herramienta de progreso, salvo, cuando se trate de la obra pública para infraestructura necesaria.

Por otro lado, debería existir la posibilidad de mudar parte de la población del Gran Buenos Aires a cada municipio del interior por aptitud personal-familiar con una vivienda y asistencia de adaptación. Para tal fin habría que hacer un gasto-inversión por parte del Estado y esto debería ser tratado por el Congreso Nacional por unanimidad.

Hay que decirlo, la idiosincrasia de los argentinos es la de un país capitalista que debería tener una norma estricta en su política económica, que tiene que ver con no promover para nada la inversión de capitales especulativos en el país. Es decir, tolerancia cero a la “timba financiera”. Tanto para extranjeros como lugareños. 

Por otra parte, la social democracia que soñamos no tuvo fortaleza de poder ante la fuerte presencia del peronismo y de su principal adversario histórico, la Unión Cívica Radical. 

No hay dudas que la ultra derecha, el populismo y el fascismo de izquierda, terminaron siendo un verdadero fracaso en todo el mundo occidental. No tienen cabida para quienes deseamos y trabajamos en la construcción de una República/Nación que ama los valores de la libertad y los derechos individuales de los ciudadanos.

Por otra parte, hoy en nuestro país tenemos una ausencia de credibilidad y confiabilidad. Somos una fábrica de pobres a un 7% anual, tenemos una carga con una baja de la industria del 56%, que recibe cachetazos recesivos desde 2018. 

Además, vivimos un grave problema de representatividad, carencia de ciudadanía, alternancia respetuosa de gobierno, se toleran hechos muy graves y –lamentablemente- hay facilismo democrático. Es por ello que crece el reclamo de consenso para la clase política, porque la economía cruje y es cada vez más difícil soñar con un derrame que cubra a los vulnerables y desamparados. 

Por otra parte, el economista Pablo Wende sostiene con claridad que “La escasez de divisas en poder del Banco Central y la ampliación de la brecha cambiaria da lugar a fuertes arbitrajes. Son cada vez menos los que pueden acceder al mercado oficial, pero al mismo tiempo crecen las oportunidades de negocios con el visto bueno oficial”. Y luego agrega que “La idea de salir del cepo cambiario que tanto expresaba el propio Alberto Fernández parece haber quedado archivada. El único interés en esta etapa pasa por perfeccionar las restricciones cambiarias”. 

Por otro lado, hay un periodismo de opinión muy agresivo que aviva el fuego con un exagerado petardismo de comunicadores que en realidad son partidarios activistas de una ideología.

Y para fogonear aún más la cuestión, al kirchnerismo/cristinista se le ocurrió crear un organismo para supervisar qué noticias se publican en los medios de comunicación y redes sociales. 

Se trataría de un primer paso hacia el “Ministerio de la Verdad”; “un cepo al periodismo”; “mecanismos que no son republicanos”. Así opinaron los especialistas sobre NODIO, la iniciativa oficial que busca detectar, verificar y desarticular “operaciones” detrás de la información. 

Un anuncio que parece inspirado en las mejores intenciones. Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, dijo que NODIO es la respuesta a la preocupación de las audiencias “por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios”.

Ella, que sufrió el infierno, la prisión y la tortura, debería saber más que nadie, que ninguna persona o gobierno debe o puede arrogarse el derecho a señalar ¿qué es la verdad? o ¿cuál es la verdad? o ¿quién tiene la verdad?

 Con nuestra Constitución Nacional basta y sobra.

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