¿Las organizaciones sociales están incluidas?
Economía del Conocimiento
Por Mónica Avero

En Argentina se aprobó un régimen legal que se ha denominado Economía del Conocimiento. En este Régimen se han incluido las empresas relacionadas a la investigación tecnológica y promueve la inversión en tecnología y la consiguiente formación de recursos humanos. Dentro del articulado no está explicitado si las organizaciones con fines sociales están incluidas. 

En mi tesis doctoral he presentado diversas formas de financiamiento para las Organizaciones con Fines Sociales. En esta reflexión quisiera justificar las razones por las que considero que el Régimen de Economía del Conocimiento sí incluye a las Organizaciones cuyo fin es diferente al lucro. Esta inclusión podría aportar un nuevo instrumento de financiamiento para estas organizaciones cuyo objetivo principal no es el lucro, pero que lo necesitan. 

En los medios de comunicación social y publicaciones académicas desde hace más de tres años se debaten y reclaman acerca de las limitaciones al presupuesto público vinculado a la investigación en Argentina como contrapartida de la muy mencionada intención de "despegue" económico e inserción en el mundo. 

Más allá de la filiación partidaria, esta idea de inserción en el mundo a través del desarrollo científico-tecnológico ha estado presente en los discursos de diversos tipos. Se han debatido a la par de temas financieros, otras limitaciones formales e informales que se vinculan al ingreso de nuevos investigadores en todos los campos del conocimiento y a la formación académica reconocida internacionalmente y poco remunerada en Argentina, lo que ocasiona la emigración de científicos. 

Si bien es un tema que nos atraviesa como sociedad, ya que implica inserción de Argentina en el mundo tecnológico, no siempre se han elaborado instrumentos legales en favor de las investigaciones. Sin minimizar las reales limitaciones presupuestarias, escribo este aporte con el fin de sumar a la gran necesidad del debate social de estos temas entre la ciencia pura y las concreciones prácticas.

En este sentido, las organizaciones con fin de lucro obtienen sus recursos del financiamiento a través de la venta de productos o servicios. Sin embargo, las organizaciones con fines sociales no necesariamente obtienen sus recursos por la venta. 

Obviamente que la venta para financiar actividades es una de las posibles fuentes de fondos. Pero no es la única, ya que sus fuentes pueden ser otras. 

La búsqueda de otras fuentes implica una decisión previa de sostener las actividades con ingresos que sean superiores a las erogaciones por costos y gastos. Ya que no se posible el sostenimiento de las actividades en el largo plazo con resultados negativos continuados. El desarrollo organizacional y el crecimiento de las actividades implica la existencia de fondos y de recursos que aseguren el sostenimiento de las actividades internas y de los servicios en atención del beneficiario.
El nombre específico de esta nueva ley es: Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Según se establece en el artículo primero, este Régimen tiene como objetivo: “promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos, con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten”. 

El detalle de las actividades promovidas se encuentra en el segundo artículo de la Ley. Su enumeración muestra la amplitud de alcance de las actividades promovidas: “creación, diseño, desarrollo, producción e implementación o adaptación de productos y servicios y su documentación técnica asociada”. 

A su vez menciona no sólo los bienes en sí mismos sino también adaptación de la documentación asociada a su funcionamiento o desarrollo: “tanto en su aspecto básico como aplicado, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores y/u otros dispositivos tecnológicos”. 

En este segundo artículo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento se desarrollan las actividades promovidas en ocho incisos amplios en su alcance. Al final se mencionan otras actividades más. Esta inclusión deja en claro que el alcance hacia las actividades promovidas se debe entender en sentido amplio y no en sentido restrictivo. Se menciona lo siguiente: “También quedan comprendidas las actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental”. 

¿Quiénes son los beneficiarios de este nuevo Régimen? En el artículo cuarto se mencionan quienes son los sujetos alcanzados y los requisitos que deben reunir para inscribirse en el Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento. Se detallan requisitos relacionados a la figura jurídica y también establece requisitos vinculados a la actividad principal. 

Al inicio del artículo se mencionan a las personas jurídicas como sujetos de este régimen. Por lo cual, pareciera que no podrían incluirse las personas humanas, según las distinciones que hace el Código Civil y Comercial de la Nación. Que ya resulta una importante distinción en los potenciales beneficiarios. A partir de esto, una vez que nos adentramos en el texto de la nueva ley surgen ciertas dudas, ya que -según algunos comentarios de consultoras de Buenos Aires-, esta ley alcanza sólo a empresas, en el sentido de que sólo beneficiaría a quienes realizan investigación con fines de lucro.

Sin embargo, estudiando en profundidad el texto legalmente aprobado y publicado, esto no sería así. En el artículo cuarto dice textualmente: “Podrán acceder a los beneficios del presente Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento las personas jurídicas comprendidas en el inciso a) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar dentro de su territorio”. En dicho artículo de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se mencionan todas las ganancias que se obtienen como rentas empresariales. En el inciso a) se establece una conexión con el artículo 69 de la misma ley de Impuesto a las Ganancias donde se definen responsables del impuesto en cuanto a ganancias de tercera categoría. Dentro de los apartados de este artículo 69 se incluyen las demás figuras jurídicas que no tienen otro tratamiento especial en los articulados de impuesto a las ganancias. Entre las mencionadas se encuentran sociedades de capital, sociedades por acciones, sociedades de economía mixta y también otras cuyo fin no es necesariamente es el lucro como son fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas y entidades civiles y mutualistas. 

Estas personas jurídicas sin fines de lucro se encuentran mencionadas en este apartado desde que se modificó el sentido del artículo 20. 
Hace ya unos años atrás, la ley de impuesto a las ganancias tenía un sentido de eximir del pago a las personas jurídicas sin fines de lucro. Con el paso de los años - y el aumento de las necesidades de recaudar- el artículo 20 se volvió restrictivo en su aplicación. En la actualidad, para quedar alcanzado en la exención y en las posibilidades de recibir donaciones a cuenta de impuestos, deben cumplirse con algunas actividades mencionadas allí. Por ejemplo, asistencia a ancianos o niñez desprotegida.  Como hay otras actividades que pueden desarrollarse sin fines de lucro sin que sean asistencia, las personas jurídicas sin fines de lucro que son excluidas de esta exención caen en el artículo 69.

Entonces, ¿estamos o no beneficiados con este régimen?, podría preguntar el presidente de una Fundación, Asociación Civil, Cooperativa o Asociación Mutualista. Según el estudio mencionado en este texto, la respuesta es afirmativa. Otro dato que avala esta posición es el hecho que el espíritu de esta ley, en todo su articulado, es inclusivo y amplio. De esto puede deducirse que la interpretación de sus incumbencias, cuando sea un dudoso, debe hacerse en sentido amplio. 

Como mencionamos más arriba, su articulado es abierto por lo cual, hasta tanto se publique otra legislación específica o que pudiera resultar más apropiada, podrían implementarse todos estos beneficios a organizaciones con fines sociales. De modo que, dichas organizaciones cuyo fin no es el lucro, pudieran ampliar sus fuentes de financiamiento para investigación pura, investigación aplicada y formación de personal investigador y de apoyo.

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