El laberinto de los contratos truchos
Corrupción

A fines del mes de mayo se pidió la elevación a juicio de la causa que investiga un desfalco millonario realizado en la Legislatura entrerriana durante diez años. La operatoria se realizó simulando “Contratos de Obra” con prestanombres que no cumplían tarea laboral alguna. Salió a la luz cuando un policía se alertó ante un grupo de personas con decenas de tarjetas de débito extrayendo dinero de un cajero automático.

Por Sebastián Martínez. Periodista. Licenciado en Comunicación Social.

La figura del laberinto adquirió en la literatura distintas acepciones. En un uso borgeano se puede relacionar con lo infinito, algo imposible de recorrer por completo. Al leer el pedido de elevación a juicio por la causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana, con 542 páginas, uno tiene la sensación de encerrarse en un laberinto sin salida. Solo el paso del tiempo, y algunas certezas jurídicas, podrán mostrar un horizonte.

Como se dijo en muchas ocasiones, la realidad supera la ficción y aquí estamos frente a otro ejemplo.

Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro dieron por concluida la investigación que intentará probar cómo una banda de más de 20 personas concretó una operatoria de saqueo de fondos estatales mediante contratos truchos en la legislatura entrerriana. Para eso se necesitó de reclutadores de prestanombres, contadores hábiles, funcionarios en las cúpulas de los servicios contables de Diputados y Senadores, y de familiares muy cercanos al poder de turno.

El 31 de mayo se pidió la remisión a juicio por considerarse finalizada la investigación penal preparatoria. A partir de ese día, la causa la lleva adelante la jueza de Garantías Marina Barbagelata. 

En su primer mes se sucedieron pedidos de postergación de audiencias, recusación de los fiscales y hasta un pedido de giro a la justicia federal. ¿Por qué algunos defensores entienden que la causa debe girarse a otro ámbito por fuera de la justicia provincial? Porque sostienen que ese dinero se sustrajo del Estado para financiar actividades de campañas políticas para diputados y senadores nacionales desde el 2008 hasta el 2018. Un forzado argumento jurídico que fue rechazado por un juez federal, por un fiscal federal y hace algunas semanas encontró eco en otro juez federal, el doctor Carlos Alonso, con escuetas fundamentaciones que suenan contradictorias con principios básicos del derecho. 

Seguramente la jueza Barbagelata se niegue a remitir la causa y el pleito sobre la competencia termine en la Corte Suprema. Aparenta ser una traba más a la investigación.

Si nos metemos en los hechos denunciados en la investigación, vemos que existió un mecanismo por el cual un grupo de personas simulaba “Contratos de Obra” con ambas cámaras legislativas, por los cuales no se brindaba contraprestación laboral y se les retenía casi la totalidad de lo cobrado. Es una operación que se ve habitualmente en las cámaras legislativas, con uno o dos casos, pero no con 700. 

Puede advertirse que los contratos rondaban al comienzo los treinta mil pesos ($30.000) divididos en seis meses de cinco mil pesos ($5.000) -en el período 2008/2009- hasta llegar a $50.000 mensuales en el año 2018. La organización se encargaba de la firma de los contratos, el cobro, el registro impositivo de las personas, el pago de una ínfima parte a los contratados y finalmente la administración e inversión del dinero recaudado.

También es llamativo el período alcanzado. Esto se inició en el año 2008 en la Cámara de Senadores y a partir de diciembre de 2011 en Diputados, cuando ambas cámaras quedaron bajo el mismo sector del partido gobernante y los actores se repartían el manejo “político” de los contratos.

Con lo recaudado se realizaban inversiones en loteos, edificios, casas y producción ganadera. Todo el mecanismo quedó registrado con archivos de Excel, anotaciones en cuadernos, llamadas cruzadas, chats y correos electrónicos. Los protagonistas fueron funcionarios del poder legislativo con manejo de fondos en las áreas contables, contadores de estudios externos que realizaban las altas, bajas y pagos mensuales de los monotributos, los reclutadores que organizan las tareas en la calle –liderados por el matrimonio de Hugo Mena y Flavia Beckman- y dirigentes del entorno familiar y político del ex gobernador Sergio Urribarri.



La investigación bajo la lupa

Una de las principales críticas que se le hacen a esta investigación es que no están imputadas aquellas personas que condujeron las cámaras legislativas en esos años, ni los principales referentes políticos que podrían haberse visto beneficiados con semejante caudal de fondos. Esta crítica la realizan algunos abogados defensores de los imputados, pero también dirigentes de la Unión Cívica Radical, el principal partido opositor de la provincia de Entre Ríos.

Desde la Procuración General advierten que en esta etapa se pudo producir “muy buena” prueba sobre estos actores y que del propio desarrollo del juicio pueden surgir nuevos elementos que generen otra causa con actores de mayor relevancia política. 


Este avance en etapas es puesto en duda por los críticos, que ven en esta maniobra una práctica de encubrimiento y de juzgar a “perejiles” para evitar que caigan otros nombres poderosos. Es una crítica atendible, aunque se debe señalar que entre los “perejiles” está el cuñado del ex gobernador Urribarri, el ex presidente del Instituto del Seguro y dirigente del entorno íntimo del gobernador Gustavo Bordet, Juan Domingo Orabona y varios funcionarios de primer nivel como Gustavo Pérez y Sergio Cardoso. Protagonistas que ya pasaron un tiempo tras las rejas, cuando se entendió que podían entorpecer la investigación.

Según detalla el pedido de elevación a juicio, “la expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, siendo estos Juan Domingo Orabona (Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011), Jorge Fabián Lázzaro (Director Administrativo Contable del Senado 2011/2015), Gustavo Hernán Pérez (sucesivamente jefe del área de contratos -entre 2008 y 2015- y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores- 2015 a 2018-, y Sergio Cardoso (Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados)”.

En relación a los otros roles, se destaca el de Alfredo Bilbao, señalado como el “coordinador”, quien “se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona y, con posterioridad, a Juan Pablo Aguilera y a otras personas hasta el momento desconocidas”, dicen los investigadores. Luego aclara que “la gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos “contratistas”.

En uno de los pasajes más llamativos del extenso texto de pedido de elevación a juicio, se asegura que Sergio Daniel Urribarri, ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia “les requirió a los Sres. Diputados Navarro, Darrichón y Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto que los “contratistas”, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

Otro aspecto, no menos importante, que se destaca en el escrito es que “la maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado”. No es nada nuevo en Entre Ríos ver cómo los organismos de control, indispensables para el funcionamiento del sistema democrático, no cumplen su rol. Por incapacidad o por cercanía con el gobierno de turno, es una constante en la provincia. 

Según se lee en la investigación, todos los intervinientes se encontraban relacionados con funcionarios políticos con poder de decisión. Por esto, se detallan los delitos divididos en “asociación ilícita”, que involucra a 25 personas; “peculado”, con cuatro autores (Orabona, Lázzaro, Pérez y Cardoso), cinco partícipes necesarios y dieciocho particulares (no funcionarios, pero conscientes de que malversaron fondos públicos). Además, se solicita imputar por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a cinco personas (todos empleados del Tribunal de Cuentas).


El camino judicial

Los meses que restan del año serán de apelaciones, audiencias de remisión a juicio y muchas maniobras con más protagonismo de los abogados defensores y fiscales que de los imputados. 

Sea como sea, esta causa laberíntica con varias aristas, será un proceso largo y tedioso. 

La investigación penal incluye 348 documentos de pruebas: notas, actas, informes oficiales, informes contables, de allanamientos, bancarios, correos electrónicos, declaraciones, pericias; También 99 DVD y CD con pruebas de declaraciones grabadas, conversaciones telefónicas, discos rígidos; Más de 60 efectos productos de los secuestros: cuadernos, biblioratos, teléfonos móviles, CPU, pendrive, carpetas, y dinero en efectivo. Todos elementos que fortalecen la postura de los investigadores.

Y esto que estamos viendo es sólo una parte de la demanda. Porque también habrá una demanda civil a cargo de la Fiscalía de Estado, órgano que depende del Gobierno de Entre Ríos, que debe primero determinar cuál fue el perjuicio a las arcas estatales de cada uno de los 32 imputados. 

No es una tarea sencilla, cuando los montos totales de la maniobra van entre 38,7 y 53 millones de dólares (según las dos pericias contables realizadas hasta el momento). Si tomamos la primera de ellas, luego objetada por la defensa, estamos hablando de un monto total a valores actuales de 52.927.878,50 dólares lo que equivale a 4.962 millones de pesos. Si se toma el análisis realizado por los peritos propuestos por las partes, el monto es algo menor, pero igualmente alto: más de 38 millones de dólares.

Durante el juicio –sólo por la Fiscalía-, se proponen 432 testigos. Son 22 policías, 9 funcionarios judiciales, 74 testigos de actas de allanamientos, 91 testigos de informes (entre los que hay funcionarios, el intendente de Paraná Adán Bahl, escribanos, etcétera), 153 contratados, 10 empleados del Banco Bersa, 6 ex diputados provinciales, 8 empleados de la Legislatura, 6 integrantes de la empresa Grupo Octógono y 50 testigos de interés.

Varios de los imputados eran también contratados por las cámaras legislativas, seis personas relacionadas con estas maniobras tenían contratos con la senadora nacional Sigrid Kunath y otras ocho más con el ex senador nacional Guillermo Guastavino. Las esquirlas del caso llegan hasta el Senado de la Nación.


Un mecanismo que involucraba a muchas personas, en la sede de la institución que crea las leyes para la democracia entrerriana. Un mecanismo que, como vemos en los chats entre legisladores que pasaron por las cámaras, se conocía en distintos ámbitos políticos. Un mecanismo que se descubrió casi sin querer, y que coincidentemente, fue un período donde no se pudo inaugurar ningún hospital en la provincia. 

Hoy, muchos dirigentes parecen sorprendidos y hasta se escandalizan por un juicio que tildan de “parcial”, cuando en diez años no pudieron ver que del Presupuesto para “Contratos de Obra” no coincidía con lo asignado por legislador o por bloque. 

En octubre de 2017, en la edición 40 de la revista X-Más presentamos un informe titulado “El empleo en las legislaturas” que marcaba que los números del Presupuesto “no cerraban” con la cantidad de empleados declarados, y que había hasta 350 personas con un sueldo promedio de 35.000 pesos que no aparecían. ¿Nadie más lo vio?

Una historia que más que un laberinto parece una novela, con elementos ficcionales que pueden ser imaginados por un creativo escritor: todo tomó estado público por un policía curioso que detectó que una maniobra irregular se repetía en los cajeros automáticos; el jefe de la banda tenía varios de sus archivos informáticos con la contraseña de acceso al archivo: “cuac”; con un ex gobernador –de apodo Pato-, con familiares imputados; y una frase que surge de los chats relevados que bien puede funcionar como título de la novela: “El 1 también está en el tema”. 

Parece ficción, pero no lo es.



Paso a paso

El paso a paso de los “contratos truchos” de la legislatura entrerriana (en base a chats y emails incorporados como prueba).

  1. Los contratistas eran seleccionados por los actores de esta Asociación Ilícita, sin intervención de Legisladores.

  2. Los contratos eran suscriptos por fuera de la Legislatura, sin la intervención de ningún funcionario público en esta labor.

  3. Los cheques de pago de los contratos eran entregados a personas distintas a sus destinatarios.

  4. Los contratistas recibían –a veces- una pequeña parte de su remuneración (lo que consideraban una “comisión”).

  5. En el Banco BERSA, empleados se prestaban a favorecer la maniobra.

  6. La rendición de lo recaudado se hacía a Alfredo Bilbao, quien respondía directamente a Gustavo Hernán Pérez.

  7. La facturación no era realizada por los contratistas, sino por la propia Organización.

  8. Se invertía el dinero en compra de dólares y otras inversiones.

El campo paga los sueldos de todos los Estatales entrerrianos
Final de campaña