El gobierno reclama más de 357 millones de pesos no rendidos
Entre Ríos

El monto surge de sumar los procesos que llevan adelante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Por un lado, el Tribunal de Cuentas solicitó la devolución de 277 millones de pesos, mediante las sentencias condenatorias de Juicio a Cuentas en todo el 2020 y lo que va del 2021. 

Por Sebastián Martínez. Periodista, Licenciado en Comunicación.

La anomalía surge a partir de la no rendición de los fondos públicos en subsidios, ayudas a clubes y entidades civiles y recursos para juntas de gobierno. Un dato llamativo: el Consejo de Educación (CGE) concentra el 90% de estos fondos. Además, en los casos que se sospecha que hay un accionar para sustraer fondos del gobierno de manera indebida, se envía a la Fiscalía de Estado. Allí hay otros 56 casos que totalizan otros 80 millones, sólo de capital.

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos es un órgano de control externo con autonomía funcional. Como órgano fiscalizador que aprueba o desaprueba la percepción y/o inversión de los fondos públicos y ejerce la auditoría de la administración pública, entes autárquicos, empresas del Estado y todo otro organismo estatal que administre, gestione, erogue e invierta recursos públicos.

Este organismo no ejerce funciones judiciales. Las resoluciones sobre las cuentas y las responsabilidades pueden ser apeladas ante el fuero contencioso administrativo. En su universo de control es muy amplio: va desde todos los ministerios y entes del Poder Ejecutivo hasta los 82 municipios, 52 Comunas y 134 Juntas de Gobierno o 62 hospitales, 208 Centros de Salud, pasando por la Legislatura, el Poder Judicial y todos los organismos constitucionales y entes autárquicos. Su estructura es conducida por un presidente y sus vocales. Se destacan las áreas de la Fiscalía de Cuentas, la Secretaría Letrada y la Secretaría Contable, además del Cuerpo de Auditoría y la Asesoría Jurídica. En total, cuenta con 141 empleados.

Para el control de los fondos públicos se realizan auditorías con rendiciones periódicas. Cuando se detectan irregularidades en la rendición de esos fondos se realizan Juicio de Cuentas, donde los responsables son citados para dar explicaciones y aportar material que sirve como prueba. Una vez finalizada esta instancia, se realiza la sentencia condenatoria o absolutoria por parte del Tribunal. En el caso de las condenas, se solicita al responsable la devolución del dinero rendido con los intereses correspondientes a la fecha.

Para realizar el listado relevado (ver cuadro adjunto), tomamos todas las sentencias condenatorias de los últimos dos años. Al ver cada uno de esos casos, observamos muchas faltas de rendiciones de juntas de gobierno o municipios más pequeños. También de clubes que por distintas razones tuvieron inconvenientes para certificar el gasto de subsidios o ayudas específicas. También ocurrió, por ejemplo, de algún club barrial que recibió un subsidio para realizar una tribuna de cemento y certifica los gastos con la foto del diario del día de la inauguración. En ese caso, se tramita el juicio, pero se absuelve al responsable porque el dinero se destinó para lo que se pidió, más allá de la falla en la rendición. O si vemos bien el cuadro, algún presidente de junta de gobierno que tuvo problemas de rendición con más de un organismo a su cargo.

De todos estos casos llama la atención lo que sucede con el Consejo General de Educación (CGE) y los expedientes iniciados a Carlos Lucas Mohr, como secretario administrativo del organismo. Estos fondos responderían a haberes mal liquidados oportunamente a docentes que el gobierno nunca pudo recuperar en las instancias de reclamos y se le reclaman al funcionario de turno.

Dentro de estos procesos, en algunos casos, se declaran a las personas involucradas “en rebeldía”, porque no pudieron ser fehacientemente notificados o porque deciden no presentarse al proceso en cual pueden ejercer derecho a defensa. Según un informe elaborado por el organismo en el mes de septiembre, se estaban tramitando 252 Juicio de Cuentas, en los cuales el 57% han sido declarados en rebeldía. En un pedido de Acceso a la Información pública presentado ante el organismo por esta revista, consultamos por más detalle de esta información, con los nombres de las personas y los organismos declarados como “rebeldes”.


En la respuesta del TCER se nos responde que al existir un “vacío legal” por la carencia de una Ley de Acceso a la Información Pública, se toma como base el decreto Nº1169/05. Pese a esto, las autoridades entienden que la información solicitada es “exclusivamente de interés interno del Tribunal”, que algunos de los puntos requeridos implican que el organismo disponga “el desarrollo de un sistema informático para su elaboración, o bien, la disposición de recursos humanos para su carga manual” y que responder a nuestro pedido “implica para este organismo destinar de modo ineficiente valiosos recursos”. Además, agregan que en el caso de cada Juicio de Cuentas el Tribunal publica las sentencias finalizadas y que hacerlo sobre las personas que se encuentran en proceso de juicio puede violar derechos garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14 inciso 1) o la propia Ley de Protección de Datos Personales (Nº 25.326). 

¿Podemos tomar cómo válido que esta información son datos personales “sensibles” que puedan violar la privacidad y el honor? No. Distintos fallos a nivel nacional, con jurisprudencia avalada por la propia Corte Suprema de Justicia, demuestran que el sistema democrático necesita de la publicidad de los actos y la transparencia en el manejo y control de los fondos públicos. Como ya lo han marcado varios fallos a lo largo de los últimos años amparados en el espíritu de la ley nacional de Acceso a la Información Pública (27.275). Este conjunto de derechos, que están garantizados en Entre Ríos por un artículo constitucional, se impone a cualquier información que sólo individualice un sujeto, sin afectar sus datos personales ni su honorabilidad.

De la respuesta parcial del Tribunal, sólo podemos aclarar que de los 159 casos de juicio de cuentas en proceso con personas declaradas “en rebeldía”, 18 son de la Administración Central, 63 de municipios o juntas de Gobierno, 2 de organismos descentralizados, 8 del sector Salud y 68 de subsidios.

Cabe recordar que el organismo en cuestión no tiene buena relación con los pedidos de Acceso a la Información Pública. En el informe realizado en la revista Nº 60 sobre los Sueldos Públicos en Entre Ríos (“Una pirámide muy despareja”), publicamos que el presidente del Tribunal de Cuentas, el ex diputado Diego Lara, equipara su sueldo (en la actualidad de más de 600 mil pesos) con el de un vocal del Superior Tribunal de Justicia y no con el de un juez de Cámara de Apelaciones como marca el art. 214 de la Constitución Provincial. ¿Es sólo un error de interpretación?


Los “casos especiales”, por otro carril jurídico

En este tipo de casos que supone problemas con las rendiciones, se dan situaciones en la que se trata de grandes montos o se sospecha puede haber un accionar destinado a sustraer fondos del Estado. Aquí, el Tribunal de Cuentas da intervención a la Fiscalía de Estado para que accione por vías administrativas y de ser necesario, que remita el caso a la justicia ordinaria. Antes del año 2008 se los conocía como “juicios de responsabilidad”.


Los “Juicios del Estado actor” son aquellos en los que el gobierno de Entre Ríos actúa para el resarcimiento económico o el recupero de estos fondos. En la actualidad, hay 56 expedientes remitidos a la Fiscalía de Estado por la aplicación del art. 49 de la ley 5796.

Estos expedientes se encuentran en diferentes estados procesales, algunos en mediación, otros con demanda iniciada, abiertos a prueba y también, los más avanzados con convenio de reconocimiento de deuda y mecanismos de pago y otros en instancia de evaluación previa a la interposición de una demanda judicial. Los demandados pueden ser particulares, que por ejemplo recibieron un subsidio y no lo rindieron, o funcionarios públicos que rindieron mal los fondos que manejaron, pero a diferencia de cada “juicio de cuentas” que realiza el Tribunal de Cuentas, en estos casos consideró que existió un perjuicio patrimonial hacia el Estado y señaló un responsable civil, sean funcionarios, ex funcionarios o particulares.

Por información a la que pudimos acceder, actualmente la Fiscalía de Estado sustancia 56 casos de reparación de daños y perjuicios por un monto de capital de aproximadamente $ 80.000.000. Para establecer el monto actualizado hay que hacer una operación de liquidación provisoria en cada caso, con los intereses que corresponda, por lo que el monto total reclamado ascendería a varios millones más.

Por lo que pudimos conocer al realizar esta nota, el más significativo de ellos, y que absorbe más del 50% del capital reclamado en todos los casos, es un expediente iniciado a ex funcionarios del Ministerio de Economía, en principio responsables de la administración de lo que se llamó “cartera garantizada” del ex Banco de Entre Ríos, cuando operó su privatización en los años noventa. Al crearse la sociedad anónima que absorbió al banco estatal se traspasó la “cartera garantizada”, que era un conjunto de deudores de los cuales el banco privatizado asumía la cobranza, pero el gobierno le garantizaba un interés mientras se cobraba eso por el activo inmovilizado.

Ya en la tercera gestión de Jorge Busti, el ministro Diego Valiero decidió recuperar esa cartera para el Estado y así dejar de abonar periódicamente esos intereses pactados y le pagó en montos nominales al BERSA por el total de los activos. La función de cobranza la habría asumido el ex funcionario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía Gustavo Borrajo y por eso se le inició una demanda judicial ya que esos 43 millones de pesos nunca ingresaron a las arcas del Estado.


¿Qué es un Juicio de Cuentas?

El Juicio de Cuentas tiene por objeto el enjuiciamiento o examen de la gestión administrativa del funcionario o agente, respecto de los bienes del Estado, realizada de acuerdo a actos determinados y reglados, en los aspectos legales, formales, numéricos y documentales, con exclusión de cualquier otra valoración (art. 68 Ley 5796). La competencia del TCER en el Juicio de Cuentas es exclusiva y excluyente (art. 69).

Los obligados a rendir cuentas o los responsables de rendir los fondos públicos que les fueron confiados ya sea para recaudar, invertir, pagar, transferir, administrar o custodiar fondos, valores, especies u otros bienes del Estado Provincial o Municipalidades tienen la obligación de cumplir con la normativa en tiempo y forma, tal como lo establece la Ley N°5796.

Frente al incumplimiento de sus obligaciones, el Tribunal de Cuentas tiene la facultad de iniciar un Juicio de Cuentas en pos de garantizar el debido proceso para lograr la rendición pertinente.

Este procedimiento, como función jurisdiccional del TCER, se realiza con amplia intervención del enjuiciado en todas sus etapas, garantizándole de este modo los principios del debido proceso y otorgándole una amplia gama de herramientas probatorias para que pueda defenderse y acreditar la correcta inversión de los fondos públicos.


Ley 5796 del Tribunal de Cuentas.

“Art.49º - La Responsabilidad Penal: El Tribunal de Cuentas examinará los supuestos en que tal responsabilidad pudiera tener lugar y remitirá sus conclusiones y antecedentes al Fiscal de Estado para que proceda a promover ante el Juez competente la demanda por resarcimiento de los perjuicios irrogados. Aquel podrá, a tales fines, deducir la correspondiente acción civil y/o asumir el rol de querellante autónomo con las mismas atribuciones que los integrantes del Ministerio Público Fiscal”*.

* Este artículo ha sido reformado por el Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos que prohíbe a la Fiscalía de Estado constituirse como querellante particular, atento a que el ejercicio de la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público Fiscal y además adjudica la competencia respecto de la acción pública en delitos contra la Administración Pública a un Fiscal especial (artículos 207 y 208 de la Constitución Provincial y 82 quinto párrafo del CPPER).

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