El Estado entrerriano alquila más de 280 propiedades
Inmobiliaria oficial

Con un costo total de más de casi 14 millones de pesos mensuales, los tres poderes del Estado entrerriano acuden al mercado inmobiliario para conseguir locaciones que permitan su funcionamiento. Los más y los menos de cada uno.

Por Sebastián Martínez. Licenciado en periodismo y comunicación.

Los contratos de alquiler en el Estado fueron una de las primeras preocupaciones del actual gobernador Gustavo Bordet al asumir su mandato allá por 2016. En sus intenciones de ordenar la administración pública, los contratos de locación quedaron bajo la lupa. 


Se logró a partir de allí centralizar el proceso de tasación y la confección de un registro parcial que lleva adelante la Escribanía Mayor de Gobierno. Este organismo no participa de la confección de los contratos, sino que sólo certifica las firmas. 

Todo el proceso de negociación de un alquiler queda bajo la órbita de cada ente estatal, aunque se debe cumplir con el procedimiento de evaluación del área legal de cada organismo y la aprobación del Consejo de Tasaciones. Es un proceso que se ha transparentado en los últimos años, pero hay quienes reconocen que se debe pulir aun más, con un nuevo decreto que regule el mecanismo. 

Al presente, la Fiscalía de Estado aun participa del proceso de varios juicios por locaciones, con problemas de desalojo de los inquilinos o retraso en los pagos convenidos. Son procesos que en la gran mayoría de los casos terminan generando un costo aun mayor para el Estado.

Si puntualizamos en la ubicación de los inmuebles alquilados vemos que la ciudad de Paraná concentra más de 90 locaciones. 

Como vemos en la ilustración principal, la concentración de esos alquileres en las cercanías de Casa de Gobierno explica gran parte del comercio de la ciudad de Paraná. Una actividad que impacta en la otra, por el movimiento de potenciales clientes que genera y por la ocupación en los últimos años de varios locales comerciales vacantes luego de la crisis por la pandemia.

Las locaciones de cada poder

El poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, organismos y secretarías, alquila unos 188 inmuebles. Son mucho más del doble de los que se pudieron relevar en los primeros meses del año 2016 cuando el gobernador Bordet asumió su primer mandato. En la nota de la revista X-Más Nº36 de febrero de 2017, se expresaba que eran 85 inmuebles por los cuales el gobierno pagaba 1,4 millones mensuales. Hoy, el número relevado es más del doble y los montos casi llegan a los 9 millones de pesos mensuales.

El Poder Judicial alquila 69 inmuebles, de los cuales 13 se ubican en la ciudad de Paraná. Según informes publicados oportunamente por esta revista en el año 2015, el Poder Judicial alquilaba alrededor de 100 inmuebles en toda la provincia. La baja en la cantidad se debe a que en los últimos años el Superior Tribunal de Justicia concretó una política de construcción de edificios propios, con fondos específicos a ese fin asignados en la Tasa de Justicia. Aquella decisión del entonces gobernador Urribarri, permitió que la Justicia concrete a buen ritmo la ejecución de obras. De hecho, si comparamos el informe sobre el nivel de obra pública en la provincia que publicó la Delegación Entre Ríos de la Cámara de la Construcción, el sector de la Justicia es el único que se mantuvo a un ritmo constante, con buen flujo de fondos y el más alto nivel de ejecución sobre lo presupuestado.

El poder legislativo tiene 30 inmuebles en alquiler, 12 de la Cámara de Senadores y 18 de la Cámara de Diputados, en su gran mayoría son oficinas para los propios legisladores. Si comparamos con los últimos datos disponibles, la Legislatura incrementó la cantidad de inmuebles alquilados, ya que años anteriores eran alrededor de 20. 

Acceso a la información pública

El proceso de recolección de la información se realizó en los meses de julio y agosto, con la presentación formal de pedidos de acceso a la información pública. En los mismos se requirió a los distintos organismos del Estado que informe el detalle de los inmuebles alquilados, la cantidad de metros cuadrados de cada uno de ellos, el precio del alquiler y el propietario del inmueble en cuestión. 


En la mayoría de los casos se respondió en tiempo y forma. No surgió ningún dato relevante sobre los propietarios de los inmuebles, ni patrones que puedan demostrar alguna irregularidad o arbitrariedad, por lo que fue una variable que no publicamos en el presente informe. 

Contar con esa información permite detectar irregularidades en el caso que sucedan. Fue lo que pasó con un expediente de alquiler de una escuela en Seguí (Expediente Nº2459851), en la que hubo que renovar el contrato, pero saltó una incompatibilidad porque el dueño del inmueble era empleado público: el ex diputado Jorge Bolzán, quien en el 2015 fue nombrado como Juez de Paz de Villa Urquiza. 

Sí resultó llamativo que la Cámara de Diputados, en su respuesta al pedido, omitió esta información por entender que nuestro pedido se encuentra “en contradicción con la ley 25.326, ley nacional de Protección de Datos Personales, que según su art. 1º protege el derecho al honor y a la intimidad de las personas”. Si bien al trabajar con “datos personales” se considera ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado por escrito, en periodismo hay normas propias que habilitan su publicación. 

Más allá del debate jurídico –en el que no nos interesa profundizar- es el mismo argumento que repitió en el mes de marzo la ministra de Salud de la provincia para omitir el listado del “personal estratégico” vacunado contra el COVID 19. Lo hizo en el recinto de la propia Cámara de Diputados. Semanas más tarde, un fallo judicial tras la presentación de un amparo obligó al gobierno a brindar esta información por entender que el Derecho a la Información prima sobre la protección de datos personales y puso en cuestión el daño al “honor” de las personas. 

La pregunta parece obvia: ¿En serio creen en la Cámara de Diputados que firmar un contrato de alquiler con el gobierno afecta la privacidad o el “honor” de alguien?, ¿o habrá nombres entre los locadores que se intenta ocultar? Por ahora es una pregunta sin respuesta.

El top ten


Las locaciones más caras que paga el Estado son, obviamente, edificios de muchos metros cuadrados. El alquiler que sobresale en este sentido es de la Dirección de Hidráulica y de Obras Sanitarias de la provincia. El edificio supo ser un hotel ubicado en calle Racedo, frente a la estación de trenes de Paraná. Tiene 1200 metros cuadrados y el gobierno paga $390.000 mensuales. Hace unos meses, ese edificio sufrió el derrumbe de sus balcones, lo que marca la falta de mantenimiento del lugar. 

La Unidad Fiscal de Investigaciones Penales, que depende del Ministerio Público Fiscal, es el segundo inmueble más caro. Ubicado en calle Santa Fe 290, con 846 m2 distribuidos en cuatro pisos, también en años anteriores supo funcionar como hospedaje de personas. Por el inmueble se pagan 349.000 pesos mensuales.

La representación territorial de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el tercer inmueble más caro que paga la provincia. Esto se explica por los precios del mercado inmobiliario porteño, mucho más altos que la plaza local. Por ese local, de 222 m2, ATER paga 250.000 pesos por mes.

El top five en los precios de inmuebles alquilados lo completan la Dirección de Salud (Programas Nacionales Sumar) ubicado en Belgrano 29 de Paraná con un monto de 231.000 pesos mensuales, y luego un edificio del Superior Tribunal de Justicia en el que funcionan distintas dependencias, ubicado en La Paz 5 (casi San Martín) de Paraná, por el que se paga 220.000 pesos por mes.

Ver en mapa
Ver en planilla
Ver en PDF

Luego sigue la UFI de Género del Ministerio Público Fiscal con un monto de 200.000 pesos mensuales. Por ese inmueble, propiedad del Colegio de Escribanos, hay un litigio judicial en trámite contra el gobierno.  

Completan el listado las propiedades donde funcionan cuatro juzgados en calle Santa Fe 326 ($196.200 por mes), la Dirección General del Servicio Penitenciario en calle Santa Fe 356 ($170.000), la sede de ATER en Concepción del Uruguay ($149.250) y la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Desarrollo Social en calle Cervantes 296 de Paraná ($149.000).

Cabe destacar que los datos obtenidos son parciales, ya que algunos organismos no informaron el detalle de los metros cuadrados de cada uno de los inmuebles y en algunos casos de los organismos que no respondieron al pedido (ver recuadro), pudimos acceder a datos parciales de algunos inmuebles registrados en la Escribanía de Gobierno, pero sin detalle de extensión del inmueble ni precio del contrato.

Los juicios, otro ariete de la cuestión

En la actualidad, la Fiscalía de Estado de la provincia lleva adelante 26 litigios relacionados con locatarios, de las cuales 22 están en trámite y 4 se encuentran archivados. Si bien es menos del 10% del total de los contratos de alquiler que firma el Estado, no dejan de ser frentes de conflictos a atender. En su mayoría son por problemas de desalojos, daños y perjuicios en los inmuebles o demora en los pagos. Por ejemplo, en uno de ellos el Colegio de Escribanos intima al gobierno de Entre Ríos a pagar 283.000 pesos por daños y perjuicios en el inmueble de calle Urquiza 1166 de Paraná. Cada uno de esos juicios implica costos en dinero para el gobierno y muchas horas de trabajo de las áreas legales.

En el actual contexto económico, bien es sabido que el precio de los alquileres en el mercado está muy lejano al costo de la construcción de nuevos edificios. En muchos casos, lo que paga anual un inquilino por 70m2 de una vivienda alcanza para construir uno o dos m2. A pesar de esta variable costo-beneficio, se puede pensar que un Estado funcione de manera más ordenada y óptima si contara con edificios y espacios propios que sean aptos para las funciones requeridas, en su mayoría, administrativas. Así y todo, creemos válido poner la lupa en estos casi 168 millones de pesos al año que el Estado gasta en alquileres.

Una gimnasia en el acceso a la información

Como bien sabemos, cuando se presenta un pedido de Acceso a la Información Pública a un organismo del Estado, una de las opciones es que no se responda al pedido. Esta violación de un derecho constitucional, garantizada por el artículo 13 de la Constitución de Entre Ríos y reglamentado parcialmente en algunas áreas estatales, ya la vimos en la edición anterior, cuando requerimos el monto de los sueldos de los funcionarios por parte del IOSPER, la obra social manejada por los propios trabajadores del Estado, que se negó a publicar cuánto cobraban los integrantes del directorio y las gerencias. En esta oportunidad, hubo varias demoras excesivas, pero se obtuvo una respuesta en todos los casos.

El ministerio de Salud, de Producción y el Consejo General de Educación demoraron su respuesta más de lo permitido legalmente. También lo hizo la Cámara de Diputados, quien tiene un reglamento propio por el cual se auto otorgan un plazo de 20 días hábiles, algo que también superaron en este caso. Además se abstuvieron de detallar el nombre de los locadores, como ya se comentó en el informe principal. Otros entes, como el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Secretaría Legal de la Gobernación, no detallaron los m2 de cada uno de los inmuebles, una carencia menor a los fines del presente informe.

Más allá de la violación del decreto 1169/05, que establece una respuesta clara y veraz en un plazo no mayor a 10 días, no tenemos por qué pensar que exista una voluntad concreta de ocultar la información, ya que con bastante paciencia se pudo conseguir. Pero sí queda a la vista, la falta de eficiencia en algunos organismos para el relevamiento y la obtención de estos datos. A tomar nota.

Ver la nota en formato impreso

No somos escuchados y ni les importa
Pensamiento político