Dos provincias, problemas comunes y realidades diferentes
Obra pública

La crisis de la macroeconomía, los cambios en los equipos económicos del gobierno nacional y el salto del dólar afectaron el flujo de fondos para las obras públicas en todo el país. La suba en los costos complicó el esquema financiero de las empresas y varias obras disminuyeron su ritmo. La coyuntura impacta distinto tanto Entre Ríos como en Santa Fe, pero con un problema en común: la escasa construcción de viviendas.


Por Sebastián Martínez 
Periodista y Licenciado en Comunicación

Por más que sea una verdad conocida nunca está de más recordarla: el sector de la construcción es una de las actividades más dinamizadoras de la economía. Por eso se la llama la “madre de las industrias”. 
Dentro del sector se puede dividir la actividad entre pública y privada. Si bien la estadística marca que la inversión de particulares siempre es mayor que la del Estado, ésta impacta en una extensa cadena de proveedores que dinamizan la economía de ciudades y pueblos. Por esto, haremos un repaso de algunos problemas que muestra la obra pública en dos distritos vecinos, pero con perfiles muy diferentes: Entre Ríos y Santa Fe.

Un indicador válido sobre la obra pública en Argentina es la cantidad de empleados registrados en el sector que realiza mensualmente el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) desde hace 25 años. Si bien este registro incluye a las obras privadas, la obligatoriedad del registro “en blanco” de los prestadores de obra pública lleva a que sea una muestra clara del estado de situación del sector.

Según estos indicadores, 400.000 empleos formales registrados en construcción a nivel nacional pueden considerarse como un muy buen número para el sector. En los últimos años se observan indicadores por encima de esta cifra en varios ejercicios, con dos fuertes caídas en 2009 y 2010 (generados en parte por la Gran Recesión originada en Estados Unidos). En tanto en 2019 y 2020 por los problemas económicos del último período del gobierno de Mauricio Macri y acentuado a pisos históricos por la pandemia mundial del COVID 19. Superadas esta coyuntura, se nota una tendencia a la recuperación, aunque hasta el mes de junio pasado (último dato publicado), aun no se había superado la barrera de los 400.000, pero sí la del promedio de 374.000 empleos registrados.

La provincia de Santa Fe muestra en esta línea histórica un promedio de 33.800 empleos en el sector y, a grandes rasgos, la curva interanual tiene un comportamiento muy similar a lo que sucede a nivel nacional. Sí se observa una muy rápida recuperación luego de la crisis de la pandemia, lo que ubica a este indicador en 37.266, por encima del promedio histórico.

Entre Ríos tiene una dinámica diferente: se observan años muy buenos en nivel de actividad entre el 2011 y el 2015. La caída en las últimas gestiones se vio reflejada en los distintos informes sobre la obra pública realizados por CAMARCO Entre Ríos, que incluyeron el nivel de ejecución presupuestaria en cada sector de la infraestructura provincial. Un dato muy claro es que en los últimos cuatro años hubo cifras por debajo del promedio de 8.300 empleos registrados en el sector. Si bien se ve una recuperación luego de la pandemia de 2020, aun no se superó el promedio histórico. “Con los problemas en el flujo de fondos y retraso de pagos se disminuyó el ritmo en varias obras. Esto no se refleja en la cantidad de empleados registrados, porque son reubicados en otros trabajos, pero que este índice no crezca marca que el freno se siente”, asegura la presidenta de CAMARCO Entre Ríos, Laura Hereñú.


Reacomodar el sistema ante la inflación

El impacto de la inflación es algo que afecta la obra pública en todos los distritos del país. Por esto, el Consejo Interministerial de Ministros de Obras Públicas de la Argentina avanzó -aun sin resultados- en una serie de reuniones para lograr un sistema de redeterminaciones de precios más eficiente. Se debe tener en cuenta que, entre la publicación de una licitación, la adjudicación y el inicio de obra, pasan –por lo menos- cuatro meses.

Con la asunción de Silvina Batakis en el ministerio de Economía se frenaron varios pagos en distintos programas nacionales y esto generó mucha incertidumbre durante varias jornadas. En cambio, cuando asumió Sergio Massa semanas después, provocó un respiro ante el perfil fiscalista que había mostrado Batakis en su breve paso por el ministerio. “En Santa Fe no se paralizaron las obras, pero si se ralentizaron ante la suba de precios, puntualmente de dos insumos fundamentales: asfalto y combustible”, asegura Sergio Winkelman, presidente de la Delegación Ciudad de Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción.



Para la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana, “no hay parate, pero sí algunas dificultades que llevaron a ralentizar procesos: por falta de insumos, como el gasoil. Hay algunas empresas con dificultades financieras, pero no en términos generales. Debemos agradecer al sector privado por el compromiso de darle continuidad a las obras. Creemos que, si las reglas de mercado se normalizan, todo se va a ir solucionando”.



Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe - Silvina Frana

“El incremento del dólar y la suba de los precios afecta sin dudas en las cotizaciones y las redeterminaciones de las obras en ejecución. En las 170 obras que se están ejecutando en Entre Ríos esto impacta en las empresas y en el poder de compra de los salarios. Y se ve no solo en los costos sino en las faltantes de insumos que, ante esta crisis, desaparecen del mercado”, asegura el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Marcelo Richard. 



Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos - Marcelo Richard

Según los contratistas, el sistema de redeterminación de precios en la provincia no se condice con el ritmo con el que suben los materiales.  “El panorama es bastante incierto, vemos que ha caído el nivel de licitaciones a nivel provincial y municipal”, precisa Winkelman. Para los proveedores también es complicado cotizar sus costos, lo que genera esa misma incertidumbre en las empresas, que deben pautar entre un 80 y hasta 100% más alto que el presupuesto inicial. Por ejemplo, en el Camino Viejo a Esperanza, una obra publicada en 1.100 millones de pesos tuvo la oferta más económica por 1.800 millones. 


Sergio Winkelmann

Otro de los problemas con la suba de costos es que el combustible se toma como un insumo a precio del surtidor, pero en muchas obras se consume el combustible a granel, que hoy es mucho más caro que el que se consigue en las estaciones de servicios, lo que afecta puntualmente a las obras viales. Al respecto, la ministra Frana asegura que, “la provincia de Santa Fe tiene la ley 12.046/02 que es una ley completa sobre esquemas de redeterminación, pero ante una inflación tan alta, ese esquema no fue suficiente y las empresas solicitan mejorar los índices. En eso estamos trabajando”.



La actual gestión del gobernador Omar Perotti afirma haber asumido su gobierno con seis meses de atraso en el pago de certificados de obra pública. Para solucionar eso, hubo que acordar pautas con el sector privado, ponerse al día con los pagos y que no implique el freno o la no finalización de las obras. “Por todos los problemas macroeconómicos que estamos atravesando, no tenemos el nivel de ejecución que quisiéramos, pero va a mejorar en el corto plazo”, asegura Frana.




Problemas con viviendas

El déficit habitacional es una realidad que se acrecienta año a año en la Argentina. Según los últimos informes, esta problemática afecta a un 36% de la población. La construcción de unidades tanto del mercado privado como por parte del Estado no logra saciar la alta demanda. 
Los gobiernos locales destinan fondos propios y realizan gestiones en Nación para incrementar el nivel de actividad, pero chocan con una primera barrera: la inexistencia de suelo urbano disponible y con infraestructura necesaria. 

Si bien muchos municipios cuentan con el suelo, no cuentan con fondos para afrontar las inversiones para dejarlos aptos para vivienda. Según Laura Hereñú, “a pesar de todos los desfasajes que generó la crisis económica, el nivel de obra pública es sostenido. Aunque hay sectores, como el de vivienda, que tiene problemas de muchos años. De hecho, el Plan Nacional de Viviendas no arrancó nunca y en programas provinciales sólo se construyen las que estaban adjudicadas en años anteriores”. En viviendas, Entre Ríos tiene muchos proyectos, pero no se están ejecutando. 



Presidenta CAMARCO Entre Ríos - Laura Hereñú

En la otra orilla, la realidad parece no ser tan diferente. “Vemos dificultades en el área de vivienda. Hay pocas empresas que se presentan en las licitaciones, por prudencia, ante la falta de horizontes económicos claros”, aseguran los empresarios consultados.

Otros datos que muestran la problemática en vivienda desde otro enfoque: la provincia de Buenos Aires concentró en mayo el 85% de viviendas adjudicadas y el 65% en ejecución del nuevo plan Casa Propia Procrear II. Lo restante quedan para los otros 23 distritos.

Entre Ríos intenta, pero no logra mejoras

Más allá de los datos duros, en los cuales el gobierno de Entre Ríos asegura estar ejecutando 177 obras con inversiones por casi 28.200 millones de pesos y otros 41 millones de dólares (en el aeropuerto binacional Concordia-Salto), esto no se ve reflejado en los indicadores.

Otro dato oficial preocupante para la provincia de Entre Ríos es que, según la superficie permisada (m2 de obras con permisos de construcción), de enero a abril del 2022 en Entre Ríos hubo una caída del 4% con respecto al año pasado. En cambio, en Santa Fe, este índice creció el 3,8%. Si bien esta información incluye a los proyectos privados y sólo se releva en algunos municipios seleccionados por el INDEC, es un indicador a tener en cuenta.

De las casi 2.000 viviendas estatales que se han aprobado en la provincia, agrupadas en 40 obras licitadas este año, sólo arrancaron cinco, lo que significa 210 viviendas en ejecución. Un número escaso, ante un problema tan grande. Un botón de muestra: para el sorteo de las 500 viviendas de Báez y Selva de Montiel en Paraná que se realizó en septiembre, se anotaron 20.000 personas.

Según distintos estudios, Entre Ríos necesita 128.600 viviendas. De esa demanda, el 84% son personas por debajo de la línea de pobreza. Este problema se acrecienta ante la realidad que en la Argentina el costo de la construcción crece año a año por encima del nivel de ingresos de la clase media. Como correlato, el presupuesto gubernamental para viviendas es seis veces menor que en el año 2009. Un grave problema que parece no encontrar soluciones en el horizonte cercano.

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