Cuando las autocracias amenazan a las democracias
Política

“Los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestro pueblo no carece de alimentos sino de educación y por eso tenemos pauperismo mental. En realidad, nuestro pueblo se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobrezas de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo, se muere de pereza, es decir de abundancia. Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado y eso les mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de la riqueza son el trabajo y el capital ¿qué duda cabe de que la ociosidad es el manantial de la miseria? La ociosidad es el enemigo del pueblo en las provincias argentinas”. Juan Bautista Alberdi (1810-1874)

Por Roberto Trevesse

Para muchos politólogos no hay dudas de que el coronavirus es una emergencia global, como tampoco hay dudas de que –quizás- la mayoría de los gobiernos la utilizan para ampliar sus poderes. Y una vez que la amenaza haya pasado, es probable que algunos de ellos no renuncien a esos nuevos poderes.

Resulta crucial que los partidos de la oposición concuerden en términos generales con las medidas para enfrentar lo que parece o es –según desde donde se lo mire- una excepcional crisis de salud pública. Las críticas de sus referentes no se deberían descalificar como declaraciones golpistas. Es una obligación indeleble que la oposición le haga rendir cuentas a los gobiernos por sus medidas.

Las emergencias tienen dos efectos: en los Estados democráticos, concentran el poder en el Ejecutivo. El otro efecto es más pernicioso en los países que ya se encuentran amenazados por la aplicación de ideas autoritarias, o sea lo que algunos opinólogos llaman la autocratización. Los líderes ponen como excusa la grave crisis del coronavirus para deshacerse de los restantes obstáculos republicanos y concentrar el poder y su continuidad, en el líder del partido o coalición gobernante. Por caso un Presidente.

El  profesor alemán Jean-Werner Müller que enseña teoría política e historia de las ideas en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, explicaba en abril de 2020 que Vladimir Putin avanzaba en su proyecto de hacerse presidente vitalicio de Rusia, que el entonces primer ministro Benjamín Netanyahu estaba tratando de debilitar al Knesset y a la Justicia; y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, pionero de la autocratización en la Unión Europea, podía en ese momento, gobernar por decreto, como suspender las elecciones y los referendos, además de dar al gobierno la autoridad para encarcelar periodistas.

Siempre hubo y hay políticos que llegan al poder por el voto popular, pero en realidad, muchos –sobran los ejemplos- son de raíz autoritaria que se aprovechan de crisis como esta o de mucho menor cuantía, para adoptar lo que parecen medidas perfectamente justificadas y arremeter contra sus oponentes. Por caso, las leyes antiterroristas promulgadas tras los ataques del 11 de setiembre de 2001 a las torres gemelas en los EE.UU. se utilizaron para poder reprimir de forma legal el disenso político.

Lo que caracteriza particularmente a la pandemia del coronavirus es que puede desactivar una de las maneras más evidentes de protestar contra los gobiernos, como lo son las masivas protestas callejeras. Esta excusa le viene como anillo al dedo a líderes con ideología hegemónica o autoritaria, tanto sea nacionalista de derecha como estatista de izquierda, quienes pueden prohibir de un plumazo las manifestaciones, argumentando que podrían facilitar la propagación del virus. 

Esta precaución, entre comillas, permite a los autócratas tomar medidas sin que nadie las cuestione y avanzar gradualmente sobre los derechos individuales de los ciudadanos, como delimitar de forma visible los procesos electorales, con el objetivo de mantenerse en el poder de forma perpetua.

Cabe destacar que, durante su primer año de gestión, el presidente Alberto Fernández dictó 76 decretos de necesidad y urgencia (DNU), la cifra más alta desde 2002/2003, el bienio que marcó la mayor crisis económica y social de la historia reciente. En la mayoría de los casos el uso de esta herramienta excepcional que habilita la Constitución Nacional fue motivada por la pandemia, aunque apenas la mitad de estos decretos (37 en total) fueron ratificados luego por el Congreso.

Si bien el texto constitucional establece que el Poder Ejecutivo Nacional no puede “emitir disposiciones de carácter legislativo”, aclara que “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.

En las democracias que funcionan en serio, tanto los parlamentos como los tribunales tienen que seguir trabajando. Del mismo modo, las empresas y el mundo académico deben hacerlo simultáneamente.

Los parlamentos deberían aceptar el gobierno selectivo por decreto, solo en forma limitada estrictamente y tan solo para situaciones en que el régimen jurídico convencional conlleve desventajas importantes para el manejo de las crisis. 

Jan-Werner Müller resalta que si bien el Estado de derecho, en contraste con el gobierno por decreto, podría ser dificultoso cuando se debe desarrollar una vacuna con rapidez y desplegar recursos con celeridad, no existe absolutamente ninguna razón para suspenderlo. 

Por otro lado, en épocas de crisis, es importante que la oposición debe apoyar al gobierno, pero también ofrecer alternativas en una mesa de diálogo público, a la luz del día, inclusive televisado. Sin olvidarse que el mismo, rinda cuentas estrictas de sus medidas. A menudo se olvida lo crucial que resulta para el funcionamiento adecuado, la institucionalización del papel de una oposición.

El gobierno está autorizado para hacer las cosas a su manera, pero la oposición debe poder manifestar su opinión en todas las etapas. Por ejemplo, en 2020, la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern propuso ante las medidas de confinamiento del país y la suspensión temporal del Parlamento, un comité selecto presidido por el líder de la oposición, que pueda exigir que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. En la Argentina -una medida así- es impensable.

En nuestro país, ningún gobierno tomaría una decisión de esa naturaleza, como tampoco aceptaría -para prevenir que las medidas de emergencia se vuelvan permanentes- la propuesta del jurista estadounidense Bruce Ackerman: Él nos ofrece un novedoso mecanismo de escalera de súper mayorías, donde las leyes y decretos en el Congreso se pueden renovar periódicamente, pero solamente con mayorías cada vez más grandes. Con ello, el debate político se centraría en la pregunta de si es posible volver a la normalidad previa. Lo esencial es la protección de los derechos básicos.

Vale recordar los intentos –hace más de un año- de los gobiernos de Donald Trump y del primer ministro británico Boris Johnson de reclamar poderes especiales para detener a ciudadanos durante la pandemia.

Es un hecho que desde el 2003 comenzó a tejerse el resurgimiento del populismo en nuestro país y que tuvo preponderancia muy fuerte en los sectores juveniles, con el ingrediente que trasvasó las diferentes capas sociales.

El populismo no es democrático, es antiliberal y además una manera –si se quiere- de democracia primitiva. Además, con discursos aprendidos de memoria, con el uso de palabras de moda que afectan o perturban la convivencia social individual y colectiva.

¿Y los autócratas? Los líderes de oposición y la sociedad civil deberían usar todo el espacio que les queda para resistir. Tarea para nada sencilla.

El populismo también no acepta el concepto republicano, lo niega y lo combate.  Sin embargo, se presenta de manera convincente y contundente, no solo se requiere una conciencia democrática, sino también de un análisis histórico y político. 

“El populismo es una concepción política muy específica según la cual un pueblo moralmente puro y homogéneo siempre se enfrenta a élites inmorales, corruptas y parasitarias”. Son sencillos criterios de diferenciación, moralmente motivados, los que convierten a los populistas en enemigos de la democracia. La cuestión es que existe un decidido anti-pluralismo en el discurso de los populistas y, además, siempre se refieren al pueblo como una clara entidad moral.

El Populismo sea de derecha o de izquierda, tiene como propósito la apropiación de todo el Estado; fidelizar al clientelismo masivo; represión de la sociedad civil y, si es posible, de los medios de comunicación calificados como “prensa mentirosa”. Si los populistas están en el poder, esto se puede ver en varios países, rápidamente dirigen este poder hacia la promulgación de sus propias leyes y constituciones populistas, socavando virtualmente la “voluntad del pueblo”. Como ejemplo, por nombrar algunos, a Hungría, Polonia, Turquía, Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

“El nacionalismo, el dogmatismo y la fe ciega matan” titulaba hace unos días, el escritor Loris Zanatta. Y sí, es muy difícil, complejo y hasta sucio, luchar contra los fanatismos. La historia nos brinda ejemplos concretos, como guerras, genocidios, depuraciones étnicas, purgas, cruzadas y hasta Pandemias.

Mi preocupación mayor, desde hace más de 10 años, es observar el crecimiento de las autocracias en el mundo. Los líderes de la oposición y la sociedad civil, parecen desentenderse de esta cuestión, en lugar de ocuparse.

La autocracia es el régimen político en el que una sola persona, en algunos casos, apoyada por la élite de las Corporaciones, y en otros casos por la masividad “popular” gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Esto es lo que estamos observando en el mundo en el 2021 del siglo XXI.

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