Bonos de carbono: necesidad y oportunidad para Entre Ríos
Medio ambiente

En artículos anteriores se ha mencionado sobre la contribución que realiza un reducido número de superficie a nivel provincial, no solo a la conservación de los recursos naturales, sino también a equilibrar un sistema de producción primaria o secundaria de forma sustentable. 

Por Julián Alberto Sabattini,  (Ingeniero Agrónomo y responsable Área Natural Protegida Establecimiento “La Esmeralda”)
Por Rafael Alberto Sabattini (Ingeniero Agrónomo, Consultora La Protegida) esmeraldaprotegida@gmail.com


Sabemos que toda actividad genera un impacto en el ambiente, eso es indiscutible. Ante ello debemos ser conscientes de mitigar, es decir, atenuar o reducir los efectos potencialmente negativos que genera la actividad. El saldo de esos impactos puede ser cuantificables bajo la “huella de carbono”, expresados en términos de dióxido de carbono equivalente, que es liberado a la atmósfera. 

El aumento desmedido de este gas a partir de la era industrial ha provocado un severo cambio en la composición de los gases de efecto invernadero, generando un engrosamiento de la capa de ozono. Para que se entienda fácilmente, sin la capa de ozono el planeta tierra sería una bola de hielo, porque se enfriaría rápidamente. Esta capa mantiene un calentamiento natural que nos permite vivir a los seres vivos. Sin embargo, cuando su grosor es mayor a lo normal, se genera un almacenamiento de calor que no es liberado, y a ello se lo llama “calentamiento global”. 


Los bonos de carbono

Volviendo al carbono, un mecanismo generado hace casi dos décadas fueron los denominados “bonos de carbono”, o también llamados “créditos de carbono”. 

Son un mecanismo internacional para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente, colocado como uno de los tres propuestos en el Protocolo de Kioto celebrado en año 1997, en Japón. 

Los países que formaron parte reconocieron que durante los últimos 150 años habían sido principales responsables de los elevados niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, resultado entre otras cosas, de la quema de combustibles fósiles. 

Tal impacto tuvo esta declaración, que los países acordaron en el Protocolo un trato diferencial en los desarrollados respecto de aquellos en vías de desarrollo. Por ello, a los primeros se les exige que regulen sus emisiones, ya que son los principales contaminadores por sus actividades industriales, mientras que, a los segundos, solamente se les motivó a hacerlo entendiendo que su posición económica no era la óptima para tomar medidas drásticas. 

En este esfuerzo, los principales países industrializados –a excepción de Estados Unidos- habían establecido metas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Uno de los mecanismos propuestos para cumplirlas era financiar proyectos de captura o sumidero de estos gases en países en vías de desarrollo, acreditando tales disminuciones por medio de estudios técnicos protocolizados, y considerándolas como si hubiesen sido hechas en su territorio. 

La mayor superficie de masa forestal se encuentra en los países en vías de desarrollo. Esta situación los deja en una posición potencial interesante que les permite obtener recursos económicos sin degradar o transformar parcial o total los recursos naturales que hoy tienen. Es decir, una manera “verde y/o sustentable” de revalorizar económicamente el territorio por medio de los servicios ecosistémicos. 

Si bien el sistema planteado presenta cierta lógica y sentido común, versiones más críticas del momento mencionaban que el sistema de venta de bonos o permisos de emisión no iban a tener efecto deseado de reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, como tampoco de reducir o retardar el aumento en la temperatura. Esta alternativa planteada tuvo y tiene una implementación en gran parte de las regiones del mundo, pero aún no han sido masivas. 

Sin embargo, otras versiones indican que el mecanismo funciona y ha dado efectos positivos sobre el ambiente, no con la extensión y magnitud esperada, pero con una reducción significativa en determinadas regiones del planeta. 

A modo resumen, los bonos de carbono son créditos, activos ambientales, que se comercializan en el mercado de carbono. Los países desarrollados tienen un claro rol de financiar proyectos de captura de carbono en otras naciones, fundamentalmente en vías de desarrollo, acreditando dichas disminuciones como si se hubiesen hecho en territorio propio, y de esta manera abaratan sus costos de cumplimiento.


Argentina y la producción de carbono

La República Argentina tiene participación en el mercado de carbono con la oferta de Reducciones de Emisiones Certificada, entre otros mecanismos. Estos pueden ser comercializados libremente como commodities y serán finalmente utilizados, no solo por los gobiernos de países desarrollados para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en Kioto u otros sistemas como el European Emission Trading Scheme, sino también por empresas locales, regionales, nacionales o internacionales. Estas últimas forman parte de la demanda, dado que, al adquirir esos activos ambientales, evitarían sanciones derivadas de un eventual incumplimiento de sus obligaciones, y también pagarían un precio menor ante el certificado de reducción en comparación con un permiso de emisión o impuestos de los gobiernos. 

Por otra parte, se anticipan al mercado y aseguran una determinada cantidad en caso de ser necesarios en el futuro ante aumentos de producción. Otro aspecto por destacarse sería posicionar, en un mercado demandado socialmente, la marca o el proceso industrial amigable con el ambiente.  

Hasta aquí podemos afirmar que una empresa agropecuaria o industrial de forma voluntaria realiza una producción sustentable basada en disminuir todas sus emisiones de CO2 mitigando posibles efectos negativos que realice, pero al mismo tiempo, puede participar en el mercado de carbono ofreciendo esa reducción a países desarrollados o empresas pares obligadas a reducir sus emisiones, generando beneficios económicos y ambientales. 

Estas obligaciones están dadas por normativas nacionales que se sustentan en tratados internacionales que los países firman. Recientemente se ha sancionado la Ley 27.520 (20-12-2019) denominada “Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global” que tiene por objetivo “garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional” (Art.1). Veremos luego en su implementación si contempla estos instrumentos, es decir los bonos de carbono, como un mecanismo interesante para mitigar efectos negativos en el territorio.


Las ventajas de Entre Ríos

En efecto, estamos ante un escenario favorable para la Argentina, y en particular Entre Ríos, de ingresar fuertemente al mercado de carbono internacional, nacional y local. 

Así como somos la góndola de alimentos en el mundo, también podemos ser una góndola de carbono a través de los servicios ecosistémicos que los biomas proveen. 

Recursos naturales tenemos disponibles en gran cantidad; ahora bien, según la forma del uso de la tierra debemos preguntarnos ¿Cuánto carbono almacenan en función a la actividad productiva que se realice o no, sobre ellos? Es de esperar que muchas provincias del territorio nacional, donde el desarrollo industrial y agropecuario presenta magnitud de larga data, el saldo de la cuenta ambiental se encuentre desbalanceada negativamente. En cambio, otras con una tendencia opuesta, hacen que su activo ambiental domine en su cuenta patrimonial de los recursos naturales. 

Allí es donde consideramos que Entre Ríos cuenta con cierto equilibrio en esta balanza del desarrollo, pero que, además, tienen ciertas ventajas en las que surgen una cantidad de interrogantes por responder. Si implementamos una herramienta conocida ampliamente en el sector privado para estudiar el estado de situación de las empresas, como es un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), encontraremos varias respuestas. 

Una gran fortaleza que presentamos es la amplitud y diversidad de ecosistemas con un alto nivel de conservación ambiental, en la cual, el peso relativo de la actividad productiva o industrial es de menor magnitud respecto a otras regiones. 

Un estudio reciente, aún no publicado, revela que actualmente la provincia cuenta con siete unidades ambientales asociados a los tres biomas dominantes: el pastizal natural inundable o de tierra firme; los cultivos agrícolas; y los bosques nativos con actividad ganadera. Cada uno tiene una determinada capacidad potencial de captura de carbono, valor que aún se encuentra en análisis. 

Sin embargo, es conocido que todos presentan un grado y nivel de utilización determinado, en el cuál, mantienen sus recursos naturales en un equilibrio. Esta palabra tiene que ser el pilar para comprender que es imposible separar a la producción y el desarrollo de un territorio. 

La maximización de ambos permitirá alcanzar el potencial de utilización de los recursos naturales de forma sustentable. A priori, y por el conocimiento del territorio, podemos sostener que la provincia tiene un potencial de desarrollo aún sin techo conocido. La posición geográfica nos ha brindado un clima sumamente favorable para el desarrollo de un gran número de actividades productivas de forma equilibrada. Ésta, es una de las mayores fortalezas que tenemos como territorio en el cuál la posicionaría a largo plazo a nuestra provincia, ante el mercado de carbono, como líder y estratégica.  


La debilidad es el desconocimiento

En cambio, una debilidad de magnitud es el nivel de desconocimiento de los recursos naturales asociado a la temática de carbono. 

Si bien existe información para la mayoría de los biomas mencionados anteriormente, tienen enfoques diferentes a los requeridos para estimar un potencial de captura y reciclaje de carbono. 

Estos estudios resultan complejos, y necesitan una gran cantidad de repeticiones para obtener una estimación confiable en dos dimensiones: espacial y temporal. La primera surge de la heterogeneidad en el paisaje ondulado conocida en la provincia, sumado a la diversidad de actividades productivas que se desarrollan. 

Todo ello complejiza el estudio del potencial de captura de carbono. En la dimensión temporal aún son escasos a nulo los estudios relacionados a la capacidad de reciclaje anual del carbono; son meras estimaciones. Es decir, toda esta realidad supone una gran debilidad porque hoy en día se desconoce cuánto carbono es almacenado en los ecosistemas de Entre Ríos. 

Sin embargo, supone una interesante oportunidad tanto para el desarrollo local como para la implementación de tecnología de precisión disponible que nos permita diagnosticar y cuantificar el stock de carbono almacenado en los ecosistemas y agroecosistemas que se desarrollan. Una tecnología de “mucho vuelo” es la utilización de vehículos autónomos no transportados (comúnmente denominados drones), en las cuales, por medio de cámaras específicas y de un procesamiento adecuado, es posible estimar con alto nivel de precisión en ambas dimensiones -espacial y temporal- la cantidad de biomasa almacenada en la vegetación. A partir de esa información se estima el potencial de captura de carbono, suponiendo que el 50% de la biomasa corresponde a carbono. Luego utilizando modelos matemáticos se puede estimar la cantidad de CO2 equivalente que es retenida por la vegetación. 

Otra debilidad notable es la ausencia y falta de acompañamiento del Estado Provincial en todo su conjunto en estos temas, ya sea a nivel ejecutivo como legislativo. 

El impulso del actor estatal permitiría acelerar los cambios de paradigmas. 

Actualmente, el sector privado ha comenzado a traccionar este carro para lograr la sustentabilidad de los sistemas. Sin embargo, es conocido que el ambiente es materia publica y el Estado debe incentivar a que la máquina se encienda en estos temas por una sencilla razón: los recursos naturales deben ser resguardados para cumplimentar lo mencionado en el Art. 41 de la Constitución Nacional. 

Aquí hacemos una aclaración para evitar confusiones: el interés colectivo en materia ambiental tiene peso relativo sobre los intereses individuales, pero el Estado tiene la obligación de generar los instrumentos necesarios para que los habitantes del país realicen cualquier actividad productiva sin afectar los recursos naturales. 

Es decir, nuevamente mencionamos que el norte debe ser lograr el equilibrio, garantizando lo colectivo e individual: producir en el marco a un desarrollo sustentable y no basado solamente en el crecimiento económico de un territorio, situación de las últimas décadas. Por ello consideramos que los bonos de carbono deben, indiscutiblemente, ser el norte en materia ambiental para nuestra región basado en nuestro potencial.

En relación con las amenazas externas al mercado del carbono son algo escasas, y a priori, estarían vinculadas únicamente con la transformación de todas las actividades productivas e industriales con nulo impacto. Situación que hasta el momento resultan un tanto utópicas o improbables de suceder. 

Un claro ejemplo es la energía solar para calentar agua en un hogar. Si bien la reducción de consumo es significativa, en determinados momentos es necesario la utilización de energía convencional como el gas o la electricidad. 

La “Revolución Verde” es y será la solución ante los efectos negativos del cambio climático, por lo tanto, desde este punto de vista considerarlo una amenaza puede resultar algo extraño. 

Un aspecto importante y de magnitud a considerarlo como una amenaza es el aumento demográfico a nivel mundial que trae aparejado una necesidad real de aumento en la producción para garantizar la soberanía alimenticia. La clave estará si ese aumento se puede lograr maximizando la productividad de forma sustentable, minimizando los efectos sobre los recursos naturales, o bien acelerando la degradación y transformando tierras. Ante este último escenario, las zonas del territorio donde se conserven los recursos serán revalorizados por los servicios ecosistémicos que proveen, uno de ellos como sumideros de carbono.

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