Altibajos de una pirámide despareja
Sueldos Públicos en Entre Ríos

Los sueldos públicos entrerrianos han estado en el centro del debate político en el último tiempo. Tanto en el debate de la Emergencia Solidaria como en negociaciones paritarias, el foco se pone sobre cómo el Estado abona salarios, cuantos y el porqué de los montos en cada sector. Privilegiados y rezagados, en tiempos de pandemia y esfuerzos de toda la sociedad.

Por Sebastián Martínez. Periodista. Licenciado en Comunicación.

En la edición de la revista de octubre de 2019 publicamos un informe titulado “Sueldos de funcionarios: disparidad y falta de información”, en el que recorrimos distintas rarezas en el nivel de los sueldos de los funcionarios de los tres poderes del Estado entrerriano. Allí vimos, en ese momento, que un vocal del Superior Tribunal de Justicia ganaba más del triple que el gobernador, o que en el propio Poder Ejecutivo había sueldos que duplicaban al del primer mandatario provincial. También observamos el impacto en la Caja de Jubilaciones cuando estos abultados sueldos se convierten en beneficios pasivos, y vimos cómo algunos poderes tuvieron un involuntario “olvido”, al no difundir públicamente el ítem que reciben por antigüedad. Otro dato llamativo del sistema que detallamos en aquel informe es que a un gobernador o vice de la provincia le conviene más -para sus ingresos personales-, jubilarse que ser reelecto: de esa manera, sus haberes se triplican al abandonar funciones. Un premio al retiro.

Aquella nota generó muchas discusiones y en este año y medio ha estado en la agenda de temas. Hemos visto como la inflación, la pandemia y la Ley de Emergencia Económica, impactaron en todos los salarios, como también en los ingresos más altos del poder público entrerriano.

Por todo esto, intentamos hacernos otra vez de los datos para contar con la información –que debe ser pública- que nos permita sacar algunas conclusiones. Sin desmerecer el empleo público ni la responsabilidad que implica la conducción de los organismos del Estado, poco contribuye una mirada peyorativa de la cuestión. Entendemos que uno de los roles del periodismo es supervisar esas cuentas públicas y velar por mayor grado de transparencia.

En esta búsqueda de los datos, también fuimos testigos de cómo malinterpretan algunos funcionarios el derecho de acceso a la información pública. 

La producción de esta nota comenzó con un pedido de informe –tal cual lo establece la Ley- realizado a los tres poderes del Estado entrerriano y a sus principales organismos descentralizados y empresas públicas con altos sueldos en sus cargos principales. En el camino encontramos varias sorpresas y algunos datos más que llamativos.


Primera visión general de los salarios

El tema salarial ocupa gran parte de la agenda política y económica en nuestra provincia. Razones no faltan. 

El Estado entrerriano es el principal empleador en Entre Ríos; destina alrededor del 80% de sus recursos en salarios y jubilaciones. Es más, para sumar condimentos, habitamos una provincia donde el empleo público supera en cantidad al empleo privado. Sin detenernos en valoraciones sobre este último punto, es más que lógico que para poner la lupa en el correcto funcionamiento del Estado, hay que mirar su política salarial, que se financia con los mismos recursos destinados a aplicar políticas públicas o crear mejor infraestructura.

A valores de marzo de 2021, una masa salarial entre activos y pasivos, significa para las arcas provinciales 10.000 millones de pesos mensuales. De ese monto, unos $8.500 millones se depositan en las cuentas de los beneficiarios y el resto son aportes patronales. O sea, todos los meses el Estado provincial debe pagar unos $4.750 millones en sueldos y $3.750 millones en jubilaciones.

Para afrontar semejante erogación, el Ministerio de Economía diseñó un esquema por tramos. Primero cobran aquellos agentes que ganan menos de $50.000; luego se paga una parte a los que se ubican entre $50.000 y $85.000; más adelante, se completa el sueldo a todos los agentes hasta $85.000 y días más tarde se les paga el saldo a los que superan esa cifra. Esos son los cuatro tramos del cronograma y de su análisis surgen algunas conclusiones.

Lo primero que debemos marcar es que, luego de un 2020 sin paritarias y con una inflación por encima del 35%, más de la mitad de los 92.000 empleados públicos ganan por debajo de la línea de pobreza establecida por el INDEC en los $58.000. Es algo que en los últimos meses se lo escuchamos a los sindicatos estatales, pero también a médicos auto convocados que mostraban sus recibos de sueldo de los cargos en los hospitales –la primera línea de la lucha contra la pandemia-, con montos mensuales de $41.000.

Si vemos el desglose de cómo se paga cada tramo, observamos que la gran mayoría de los docentes, policías, médicos y enfermeros tienen bajos ingresos. Por ejemplo, el 61% de los docentes y policías se ubica en los sueldos menores a $50.000. 

Otra realidad diferente es cuánto cobran judiciales, legislativos, funcionarios, empleados del Tribunal de Cuentas o de ATER: acá encontramos un porcentaje mucho más alto en el tramo de más de $85.000. Ejemplos: el 46% de los empleados de ATER y Tribunal de Cuentas y el 41% de los judiciales ganan más de 85.000 pesos de bolsillo. En el Poder Judicial esto se traduce en un universo de 1.775 personas. Aquí podemos ubicar rápidamente quién está en cada estamento de la pirámide.

Esta disparidad en el nivel de ingresos se ve en los reclamos paritarios, y fue lo que a cada sector le molestó de la “reforma solidaria” impulsada por el gobernador Bordet en 2020. Iniciativa por la que se subió unos puntos porcentuales el aporte a la Caja de Jubilaciones de los sueldos superiores. Esa ley que aprobó la Legislatura a pedido del Ejecutivo también incluyó el “desenganche” de los judiciales a los aumentos que otorga la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional, así como otras paritarias sectoriales, como las de Luz y Fuerza o Portuarios, que impactaban directamente en algunos organismos locales.



Con todos estos elementos de análisis, tal como marcamos en el informe del año 2019, hay distintos criterios y marcos normativos para entender la escala salarial provincial. Esto genera un lógico descontento entre esa mayoría que gana poco, pero también encuentran razones para expresar disconformidad y enojos, los que mayor ingreso reciben. 

Desde nuestra perspectiva creemos que es necesario controlar y encontrar razones que fundamenten estas disparidades. Sin intentar juzgar si tal o cual persona merece el sueldo que tiene, intentamos identificar criterios de eficiencia y razones que justifiquen cómo se gastan los recursos provinciales. 

En una primera conclusión, podemos observar de la comparación del nivel de sueldos de septiembre de 2019 con la actual es que, como todos los sueldos estatales, subieron por debajo del índice de inflación. O sea, perdieron poder de compra y fueron víctimas de un silencioso ajuste.

Cuando en el período analizado tuvimos una inflación acumulada del 63% (18 meses), los sueldos más altos de la provincia crecieron entre un 36% (los que dependen del Ejecutivo) y un 54% (los ligados a la Justicia). Algunos perdieron mucho, otros poco, pero todos perdieron.

De igual manera genera ruido que en una provincia con indicadores de pobreza preocupantes a nivel país y con déficit en sus cuentas públicas, un juez del Superior Tribunal de Justicia gane $872.000 por mes, el presidente del Tribunal de Cuentas $437.000 y un senador provincial $455.000, más del doble de los $201.000 que componen el sueldo del propio gobernador.


El camino para acceder a la información

Si observamos disparidades en el nivel de los principales sueldos, también existen diferencias en cómo conciben algunos dirigentes el acceso a la información pública. Si bien la mayoría cumple con las normativas y responde en tiempos aceptables los pedidos que le llegan, hay pequeñas omisiones que desvirtúan el propio ejercicio de control en el manejo de los fondos públicos.

También nos encontramos con organismos que brindan datos parciales que se contradicen con la información de los propios montos que el Estado deposita en las cuentas bancarias, según la información proporcionada por el propio Ministerio de Economía. A saber. 

Durante los meses de marzo y abril presentamos pedidos de acceso a la información pública en los distintos poderes del Estado entrerriano, sus organismos, entes descentralizados y empresas públicas. Para todos los casos rige el Artículo 13 de la Constitución de Entre Ríos que reconoce “el derecho al acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los poderes u órganos, entes o empresas del Estado, municipio, comunas y universidades”. 

Además, el Poder Ejecutivo provincial implementó el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Provincial, mediante el decreto 1169/2005, que establece para este ámbito un plazo de diez días para brindar una respuesta. Este plazo sólo es exigible en el Ejecutivo, no así en el resto, que sí debe obedecer el mandato constitucional de garantizar el acceso a toda información pública.


Poder Judicial en fecha, pero incompleto

Para ver el impacto de los sueldos más altos de la pirámide estatal se debe comenzar con la justicia. 

En cantidad, es el estamento con más salarios por encima de los $100.000. Pese a estar mejor posicionados que otros sectores, el gremio de judiciales realizó ruidosas marchas y protestas por la falta de aumentos y el impacto en sus bolsillos de la Reforma Solidaria impulsada por Gustavo Bordet. A veces, estar mejor que el pobre no implica estar conforme. Ni garantiza que un salario sea justo.


Ante nuestro pedido, todos los órganos del Poder Judicial respondieron en los plazos razonables. Tal como ya lo habían hecho en 2019, la información es parcial y con algunos ítems obviados que impactan de manera considerada en los montos. 

En las planillas que nos brinda la Justicia, vemos que un vocal del Superior Tribunal de Justicia recibe $323.858,41 pesos de haberes, monto que surge de las sumas de los códigos 001 (Asignación de la Categoría), 002 (Compensación Jerárquica) y 003 (Intangibilidad). Como se difunden cargos y no los casos personales, el código Antigüedad 010 es dejado de lado, invisibilizado. Como recordamos en el anterior informe, se toma entre un 2,5 y un 3,5% extra por cada año de servicio prestado dentro o fuera de la Justicia desde la fecha de matriculación como abogados. En todos los casos de los vocales del STJ, y en la gran mayoría de los cargos jerárquicos de la Justicia, este código duplica el monto inicial. 



La información brindada publica los montos de los sueldos brutos, a los que se le aplican descuentos de Jubilación, Obra Social, Ley 4035, Seguro de Vida e Impuesto a las Ganancias, sólo aplicable en algunos casos y en un porcentaje menor a los de cualquier empleado del sector privado.

Además del código por Antigüedad, falta también el monto del Adicional del Artículo 3 (que suma el 15% del total). Por todo esto, a los $323.858 informados, en el caso de los vocales se le debe sumar 379.858 de Antigüedad y 113.957 del Adicional Art. 3, lo que termina en un total de $873.672 liquidados a marzo de 2021.


O sea, con distintos argumentos jurídicos, los jueces y funcionarios del Poder Judicial informan menos de la mitad de lo que perciben por mes. Con estas aclaraciones hechas, y con calculadora en mano, debemos ver el listado que detalla el Poder Judicial en los distintos cargos para toda la provincia de Entre Ríos.


Legisladores…

Ambas cámaras legislativas también respondieron en tiempos aceptables a nuestro pedido.

Desde la Vicegobernación informan que su máxima autoridad, la vicegobernadora Laura Stratta, percibe $122.853 de ingresos netos, que sin los descuentos significan de Bruto $192,340 mensuales, divididos en Asignación, Gastos de Representación y un Adicional. 

Si vemos el listado del resto de los cargos jerárquicos de la Cámara de Senadores, observamos que una gran mayoría gana por encima de lo que percibe la máxima autoridad del organismo. A su vez, estos funcionarios pueden sumar el rubro Antigüedad, un beneficio que no está vigente para la vicegobernadora. 



Un Asesor de Cámara percibe $271.669 por mes; un director de Despacho $320.342 y el Secretario de Cámara, Secretario Coordinador y Director de Administración tienen un salario bruto de $346.250, más la antigüedad, que según el caso particular puede llegar al 100%. 


Por su parte, los Senadores Provinciales ganan por mes $455.889. Todos estos casos, perciben el doble o más que lo que se paga a la propia presidenta del Senado. Es algo, cuanto menos, extraño.


En la Cámara de Diputados la realidad no es muy diferente. El tope son los ingresos que tienen legisladores y presidente de la Cámara que es un diputado electo, por el voto popular primero, y por elección de sus pares para conducir el organismo después. Un diputado gana como sueldo bruto $455.889, el mismo monto que un senador. Un Secretario de Cámara tiene un salario bruto de $346.250 y un Prosecretario $320.342 por mes. Como vemos, en ambas cámaras legislativas se observan salarios que están muy por encima de lo que percibe el propio gobernador.


El órgano que controla, esquivo al control

El Tribunal de Cuentas de la provincia cumple la tarea de auditar las cuentas públicas de los poderes del Estado, tanto de la Provincia como de los municipios. Según la propia norma es un órgano externo con autonomía funcional. 

En su historia reciente, no se ha caracterizado por encontrar grandes anomalías ni por detectar irregularidad alguna relacionada con las principales causas de corrupción que se investigan en la Justicia. 

En términos institucionales, en diciembre del año pasado asumió la presidencia el ex diputado oficialista Diego Lara, que ingresó al organismo con Legajo Nº 205.468 tras ser elegido mediante un Concurso Público. En el art. 214 de la Constitución de la Provincia, se reglamenta la remuneración de las autoridades del organismo. “En cuanto a sus remuneraciones se equipararán a la de los jueces y fiscales de las Cámaras de Apelaciones”. 


Ante el pedido de Acceso a la Información Pública presentado, se informa que en el mes de febrero de 2021 la asignación al cargo de presidente y vocales tiene una suma de $115.810,49, sin detallar los montos de los rubros de Compensación Jerárquica, Intangibilidad y el adicional de Antigüedad. Más allá de esta omisión, que la podemos comparar con el detalle brindado por la Justicia –que es de donde se toman las bases para estos montos-, llama la atención que el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, se equipare su salario con un vocal del Superior Tribunal de Justicia y no con la de un juez y fiscal de Cámara de Apelaciones como marca el art. 214 de la Constitución Provincial. 

Si comparamos el monto que informa el Tribunal de Cuentas vemos que es el mismo que el Cód. 01 a la Categoría de un vocal del STJ. Contrastando esta escueta información con el monto de la liquidación del sueldo del presidente del TCER –según lo informa el propio Ministerio de Economía-, que totaliza $493.815, podemos inferir que con los códigos 02, 03 y el adicional de Antigüedad, el ex diputado Lara alcanza ese monto en su salario bruto. 

Pero, respecto a la equiparación de su salario, ¿desconoce la Constitución? Ante el requerimiento de su recibo de sueldo para evacuar estas dudas, no obtuvimos respuesta alguna. Como bien dice el refrán popular, “el que calla, otorga”.


IAPSER Seguros, ENERSA y un párrafo sugerente

El caso del Instituto del Seguro no despierta nuevas polémicas. El sueldo neto del presidente Tomás Proske es de $311.798 pesos y el de los vocales del Directorio, Camilo Stratta y Horacio Bahl, ambos hermanos de los últimos compañeros de fórmula del gobernador Bordet, son de $258.691 y $245.924 cada uno de ellos. Esos son los montos informados, que en bruto (o sea, sin los descuentos de aportes y obra social), podrían superar los $400.000 pesos. 



El caso de ENERSA sí merece algunas consideraciones especiales.

La primera es que tuvimos dos respuestas a nuestro pedido: el 12 de abril en una nota firmada por el ingeniero Jorge González, presidente de ENERSA, nos solicitó la ampliación en el plazo de la respuesta bajo el art. 12 del decreto 1169 GOB, aduciendo razones de demora por la emergencia sanitaria.

En la siguiente nota, fechada el 27 de abril, sí se nos brindó la información solicitada. Allí se nos informa que el presidente de ENERSA percibió en el mes de febrero honorarios por $224.216, a lo que debemos sumarle la retribución por su cargo de planta de Subgerente General Operativo de $ 294.592. Ambos montos totalizan $518.808 por mes. Lo extraño es que González se toma licencia en el cargo de planta, pero sigue cobrando por eso. Primera observación.


Los directores titulares y los síndicos titulares de ENERSA –en algunos casos funcionarios en otros organismos del gobierno-, perciben honorarios por $341.381.

Lo más llamativo de la respuesta de ENERSA ante el pedido de acceso a la información pública es el párrafo final de la segunda nota del ingeniero González, el cual citamos textual: “Reserva. Dejamos manifestado que ENERSA hace expresa reserva de accionar por los daños y perjuicios en la seguridad de las personas incluidas en los cargos respecto del cual se solicita información y/o su entorno familiar, pudiere irrogar la divulgación inadecuada y bajo cualquier modalidad y excusa respecto de la información que aquí se provee, lo cual interesamos se tenga presente a los fines que corresponda, la que entendemos no podrá ser utilizada para otros fines que no sean vuestra propia y personal información, tal lo requerido en vuestra solicitud”.


Lo de la empresa de energía de la Provincia, además de llamar la atención por el volumen de sus salarios, es una particular forma de entender lo que significa el acceso a la información pública, su manejo y la importancia del ejercicio del periodismo en un sistema democrático. Como muestra lo publicado, la amenaza cae en saco roto.


El intervenido EPRE

Bien conocen todos los entrerrianos que el Ente Provincial Regulador de la Energía es un organismo intervenido por el Poder Ejecutivo desde el año 1996, atribuyéndole al Interventor las facultades del Directorio, que según la ley original deberían asumir luego de un concurso público.

Bien es sabido también que los sueldos del EPRE tienen algunos beneficios que lo ubican en los más altos de la pirámide de sueldos públicos provinciales. El informe mensual de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia así lo certifica: cuentan con el promedio más alto de jubilaciones de todos los sectores, que se basan en el 82% móvil de un salario activo.

Según la respuesta del EPRE a este medio, el interventor –el ex intendente de Paraná José Carlos Halle-, cobró de bolsillo en febrero $280.589, el subinterventor $178.335 y el secretario de la intervención $132.124.



ATER pegado a la recaudación

Según la información de liquidaciones del gobierno, el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos percibe $276.000 de sueldo bruto. 

En respuesta al pedido realizado ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos, desde el organismo informan que la Dirección Ejecutiva equipara su sueldo con un Secretario de Gobernación, según la ley 10.091. Sumados los tres códigos (sueldo básico, Gastos de Representación y Adicional Especial), recibe un sueldo de $174.838. La diferencia en los montos informados obedece al concepto de “Antigüedad”, que como vimos en este informe la mayoría no lo informa por considerarlo un dato propio de la persona y no del cargo. A eso, también hay que sumar el “Plus ATER” (código 285), que consiste en un 1,6% de la recaudación fiscal mensual de los tributos provinciales. Este monto variable se divide en formas iguales entre todos los empleados de ATER.


El IOSPER, la oveja negra de la historia

Tal como se realizó con la mayoría de entes y organismos estatales se presentó en el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), un Pedido de Acceso a la Información Pública dirigido al presidente del organismo, Fernando Cañete, en el que se solicitaban los montos de honorarios, sueldos y viáticos del presidente y de los directores del organismo.

Se ve que la mayor obra social de la provincia –que es manejada por los gremios que nuclean a distintos sectores de los trabajadores-, desconoce la legislación vigente en cuanto acceso a la información pública y lo que postula al respecto la propia Constitución de la Provincia de Entre Ríos. 

Hasta el momento de cierre de esta publicación no tuvimos respuesta alguna al pedido presentado con fecha 19 de abril, como así tampoco de las gestiones realizadas posteriormente para averiguar el recorrido del expediente. 

Un llamativo silencio de un organismo que debe responder, sobre todo, a los trabajadores.

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